El sector primario vuelve a recibir un nuevo golpe por parte de la Administración. Esta vez, el Ministerio de Hacienda ha iniciado una revalorización del valor catastral del suelo rústico sin previo aviso y de forma silenciosa. En apenas unos días, numerosos propietarios han recibido notificaciones que duplican —e incluso triplican— el valor fiscal de sus parcelas, con el consecuente aumento de la carga impositiva.
Desde organizaciones agrarias como Asaja Aragón, denuncian que no hay criterios claros ni un patrón común que permita entender cómo se está aplicando esta revisión. Lo han bautizado ya como «el catastrazo» y acusan al Gobierno de querer recaudar a escondidas, afectando a un sector que ya arrastra múltiples crisis. «La sensación es que estas revalorizaciones están llegando un poco a escondidas a propósito», alerta su secretario general, Ramón Solanilla.
Un golpe fiscal en el peor momento
El campo español no atraviesa su mejor momento. Los precios en origen siguen estancados, las inclemencias climáticas han reducido cosechas, y la burocracia europea aprieta con regulaciones y amenazas de recortes en la PAC. En este contexto, los agricultores se enfrentan ahora a un nuevo encarecimiento del IBI que podría ser la puntilla para muchas explotaciones.
Según cálculos preliminares de Asaja, el valor catastral de muchas parcelas afectadas se ha multiplicado por 2,4. Esto supone, de facto, un aumento inmediato en el recibo del IBI, además de consecuencias fiscales futuras en caso de compraventa o herencias.
«Este incremento se va a trasladar directamente en el IBI. El valor catastral no se tocaba desde 1989. Este año van a pagar el doble, por lo que la conclusión es que esa ayuda quedó en nada», lamenta Solanilla, quien recuerda que algunas comunidades autónomas habían eximido del IBI a los agricultores el año anterior por la sequía.
Sin beneficios, pero con más impuestos
La subida del valor catastral no trae consigo ninguna mejora real para los propietarios. No hay nuevas infraestructuras, ni servicios, ni compensaciones. Solo más impuestos. «Simplemente significa pagar más impuestos, tanto de IBI como cuando se produzcan compras y ventas», denuncia Solanilla.
Para Asaja, la medida debería haberse abordado con más transparencia y, sobre todo, en otro momento. «Es evidente que si lleva igual desde 1989 habría que revisar el valor del suelo rústico, pero no ahora ni de esta manera», señala el representante de la organización agraria.
Un campo al límite
Los agricultores llevan tiempo alertando del riesgo de abandono del campo. La presión fiscal, la escasa rentabilidad y la falta de relevo generacional dibujan un panorama desolador. «Cada vez cuesta más producir y los precios no han subido en proporción. Los precios en la agricultura son muy malos», remata Solanilla.
Con este nuevo golpe, el sector teme una nueva ola de cierre de explotaciones familiares. La medida no solo pone en riesgo la economía de muchas zonas rurales, sino también la propia soberanía alimentaria del país. Lo que el Gobierno presenta como una actualización técnica, el campo lo vive como un ataque más en un momento crítico.
