El hallazgo se produjo tras una investigación discreta y prolongada que ha permitido a los agentes reconstruir durante meses la actividad clandestina de dos vecinos de la comarca. El operativo, culminado el pasado mes de febrero, deja al descubierto un entramado mucho más organizado de lo habitual en este tipo de delitos ambientales.
La actuación de los Mossos se enmarca en una investigación iniciada a finales de 2024, cuando un aviso anónimo puso sobre la pista a los agentes. En aquel mensaje se alertaba de prácticas irregulares relacionadas con la muerte ilegal de animales silvestres en el Pirineo leridano, acompañadas de imágenes de cabezas de ungulados almacenadas en un recinto cerrado.
Durante semanas, los agentes rurales intentaron verificar la información sin éxito, hasta que el caso fue trasladado al Juzgado de Instrucción número 1 de Tremp. A partir de ese momento, la División de Medio Ambiente de los Mossos d’Esquadra asumió la investigación y comenzó a reunir pruebas de forma sistemática.
Un cobertizo con una estancia secreta
El registro definitivo se llevó a cabo el 24 de febrero en la localidad de Llagunes. A simple vista, el edificio inspeccionado no levantaba sospechas: un viejo cobertizo utilizado supuestamente para guardar aperos agrícolas. Sin embargo, en su interior los agentes localizaron un acceso oculto tras mover una cementera apoyada contra la pared.
Bajo la trampilla apareció una estancia cerrada donde se almacenaban 52 trofeos de fauna cinegética: 13 cabezas de ciervo, 34 de corzo y cinco de rebeco. Todas las piezas procedían de zonas de caza controlada de municipios como Sort, Soriguera, Rialp y Tornafort, lo que agrava la gravedad de los hechos.
En el mismo registro se incautaron seis rifles y cinco visores de alta gama que, según la investigación, habrían sido utilizados en las batidas clandestinas. Los dos presuntos responsables quedaron investigados por un delito contra la fauna, aunque solo uno de ellos pudo acreditar la procedencia legal de una de las piezas intervenidas.
Un precedente en Cataluña
Los Mossos consideran que este caso marca un antes y un después en la lucha contra el furtivismo en Cataluña. Hasta ahora se habían detectado infracciones similares, pero nunca con una estructura tan definida ni con un volumen tan elevado de trofeos acumulados en un único punto.
Solo en 2023 se tramitaron 195 denuncias por este tipo de prácticas ilegales, la mayoría por carecer de autorización, aunque ninguna alcanzó la dimensión del operativo del Pallars Sobirà. Las autoridades recuerdan que estas acciones alteran el equilibrio ecológico y ponen en riesgo la gestión de la fauna silvestre.
Las zonas de caza controlada catalanas superan las 118.000 hectáreas y cumplen una función clave en la conservación de las poblaciones animales. Por ello, diferentes entidades reclaman un endurecimiento de las penas, actualmente limitadas a un máximo de dos años de prisión, al considerar que no disuaden una actividad que sigue siendo rentable y difícil de detectar.
El caso pone de relieve, una vez más, la importancia de la colaboración ciudadana y la coordinación entre agentes rurales, Mossos d’Esquadra y la justicia para proteger un patrimonio natural que pertenece a todos.
