Un agente de la Guardia Civil ha alertado en un reciente vídeo compartido en redes sociales de lo que consideran un «arma prohibida». Se trata de un puñal automático de plástico que han intervenido y propuesto para sanción.
Este hecho ha sido compartido por el perfil de TikTok de la Guardia Civil de Navarra (@guardia_civil_navarra), en el que cuentan con cerca de 26.000 seguidores acostumbrados a este tipo de contenidos. En concreto, este puede resultar muy útil para esas personas que, incluso por desconocimiento, podrían llevar en su vehículo un elemento punzante similar que podría ser considerado como potencialmente peligroso.
Un arma prohibida que puede conllevar cuantiosas sanciones
En el texto que acompaña a las imágenes a las que nos estamos refiriendo, el instituto armario ha asegurado que se trata de un «arma prohibida y muy peligrosa». Asimismo, el agente que las protagoniza ha detallado que el puñal está elaborado en material plástico y que «debido a su peligrosidad, ha sido intervenido y propuesto para sanción».
Todo esto viene reflejado en el artículo 4 del Reglamento de Armas, contenido en el Real Decreto 137/1993, de 29 de enero. De este modo, su texto establece que «se prohíbe la fabricación, importación, circulación, publicidad, compraventa, tenencia y uso de los bastones-estoque, los puñales de cualquier clase y las navajas llamadas automáticas. Se considerarán puñales a estos efectos las armas blancas de hoja menor de 11 centímetros, de dos filos y puntiaguda».
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Desde 1993, las navajas automáticas han sido consideradas armas prohibidas en España. Según la ley, tanto el comercio, fabricación, almacenamiento y tenencia de este tipo de armas sin autorización está sujeto a sanciones que oscilan entre los 300 y los 30.000 euros. Además, la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015 refuerza esta prohibición, incluyendo también a las navajas con una hoja superior a 11 centímetros, sean automáticas o no.
Por lo tanto, y de aplicarse la legislación citada, portar esa clase de puñal automático podría conllevar multas de entre 300 y 30.000 euros, incautación de la misma y, en su caso, retirada de las licencias o permisos correspondientes.