La vigilancia del Seprona durante la temporada cinegética ha permitido detectar un episodio de presunto furtivismo en un coto de Almedinilla, en Córdoba. Los agentes sorprendieron a un hombre que practicaba la caza menor acompañado de siete perros sin contar con autorización del titular del terreno. Tras identificarlo, comprobaron que tampoco disponía de licencia de caza ni del seguro obligatorio.
La actuación se produjo durante un servicio de prevención correspondiente a la campaña 2026/2027, integrado también en el Plan de Acción Español contra el Tráfico Ilegal y el Furtivismo Internacional de Especies Silvestres, conocido como Plan TIFIES. La Guardia Civil ha investigado al presunto furtivo como supuesto autor de un delito contra la fauna.
Siete perros y ninguna autorización del titular
La intervención comenzó cuando los efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza observaron al hombre dentro del acotado con los siete animales. Al solicitarle la documentación, constataron que carecía del permiso expreso del titular, además de la licencia y del seguro de responsabilidad civil necesarios para ejercer la actividad.
A estas carencias se sumó el número de perros empleados. Según la información difundida sobre la actuación, el investigado utilizaba siete canes en la modalidad de caza a diente en mano, para la que se señala un máximo de tres por participante. Por tanto, llevaba cuatro animales más de los permitidos. Esta modalidad se practica sin armas y consiste en recorrer el terreno con ayuda de los perros para localizar y capturar las piezas. En este caso, el Seprona detectó tanto el exceso de animales como la ausencia de la documentación exigida al investigado.
Cuatro animales sin microchip ni tratamientos obligatorios
La revisión de los perros permitió descubrir otras irregularidades. Los agentes comprobaron que cuatro de los siete carecían de identificación mediante microchip y de los tratamientos sanitarios obligatorios, unas deficiencias que también quedaron recogidas en las denuncias formuladas.
La intervención ha tenido consecuencias tanto penales como administrativas. Además de instruir diligencias por el presunto delito contra la fauna, la Guardia Civil ha denunciado diversas infracciones relacionadas con la normativa de caza y con la protección y tenencia de animales de compañía.
Los expedientes administrativos han sido enviados a las delegaciones territoriales competentes. Por su parte, las diligencias penales se han remitido a la autoridad judicial y a la Fiscalía de Medio Ambiente de Córdoba, que deberán valorar los hechos investigados.








