El Gobierno ha vuelto a abrir la línea de subvenciones destinada a entidades animalistas. El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 publicó este miércoles, 13 de mayo, la convocatoria correspondiente a 2026, con una cuantía total de 1.994.971,58 euros que se repartirá entre asociaciones de protección animal de toda España. Una cifra prácticamente idéntica a la de ejercicios anteriores y que vuelve a situar el foco sobre el destino de estas ayudas públicas y los controles existentes sobre quienes las reciben.
La resolución, publicada por la Secretaría de Estado de Derechos Sociales —de la que depende la Dirección General de Derechos de los Animales—, establece dos líneas de actuación diferenciadas. La primera estará destinada a actuaciones relacionadas con las colonias felinas, mientras que la segunda irá dirigida a proyectos vinculados con el cuidado de animales abandonados.
La partida más elevada será para los gatos callejeros. En concreto, el Ministerio destinará 1.000.000 de euros a actuaciones relacionadas con colonias felinas y otros 994.971,58 euros a programas centrados en animales de compañía abandonados.
La convocatoria mantiene prácticamente intacta la estructura que ya se utilizó en años anteriores. En 2025 el Ejecutivo destinó cerca de dos millones de euros a estas mismas ayudas y anteriormente ya había realizado convocatorias similares en 2023 y 2024, acumulando así varios millones de euros de dinero público dirigidos a entidades animalistas.
El dinero público seguirá centrado en las colonias felinas
Según recoge el texto oficial, las ayudas relacionadas con colonias felinas estarán destinadas a «mejorar las condiciones de vida, custodia y cuidado de gatos comunitarios pertenecientes a colonias felinas, su correcta identificación y evitar su proliferación incontrolada».
En paralelo, la línea destinada a animales abandonados busca financiar actuaciones relacionadas con la identificación, esterilización y cuidado de otros animales de compañía que se encuentren en situación de abandono.
El Ministerio también contempla la posibilidad de mover fondos de una línea a otra. Tal y como indica la propia resolución: «En caso de que, distribuidos dichos importes entre las entidades beneficiarias, existiera remanente en alguna de las líneas de actuación, dicho importe podrá destinarse a incrementar el crédito asignado a la otra línea».
La convocatoria establece además que cada entidad solo podrá presentar una solicitud y únicamente para una de las dos líneas subvencionables. En caso de incumplir este requisito, todas las solicitudes presentadas quedarían excluidas automáticamente.
Un modelo que vuelve a generar polémica
La publicación de estas ayudas vuelve a reactivar el debate sobre el uso de dinero público para financiar asociaciones animalistas, especialmente aquellas vinculadas a la gestión de gatos callejeros. Diversos expertos llevan años alertando del impacto que determinadas colonias felinas pueden tener sobre la biodiversidad y la fauna silvestre, especialmente en zonas rurales y espacios naturales sensibles.
A ello se suma la controversia por los requisitos necesarios para acceder a estas subvenciones. Las ayudas están dirigidas a entidades de protección animal legalmente constituidas, un proceso relativamente sencillo en España y que en los últimos años ha favorecido la proliferación de asociaciones vinculadas al ámbito animalista.
Mientras tanto, el Ejecutivo mantiene intacta una línea de financiación que se ha convertido en uno de los pilares económicos del animalismo institucional desde la aprobación de la Ley de Bienestar Animal.
