El pasado otoño dejó una de las decisiones más comentadas del año en el medio rural. El Gobierno activó una restricción que afectó de lleno a miles de pequeños productores y explotaciones familiares: desde el 10 de noviembre, criar gallinas y otras aves de corral al aire libre quedaba prohibido en las zonas declaradas como de alto riesgo sanitario.
La medida llegó en un momento especialmente delicado, coincidiendo con el paso migratorio de aves silvestres y un repunte claro de la gripe aviar en toda Europa. No era un aviso aislado ni una recomendación preventiva, sino la retirada de las excepciones que hasta entonces permitían mantener sistemas de cría extensivos en determinadas áreas del país.
La decisión se apoyó en la reactivación de la Orden APA/2442/2006, una norma que llevaba años en segundo plano y que volvió al centro del debate cuando los focos de influenza aviar comenzaron a multiplicarse en España y en otros Estados miembros.
Un giro drástico en plena campaña avícola
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación justificó el endurecimiento de las medidas por la necesidad de cortar cualquier posibilidad de transmisión entre aves silvestres y domésticas. El objetivo, explicaron, era «evitar el contacto entre las aves migratorias y las de corral» en un momento crítico del año.
Aunque la prohibición era clara, la norma dejaba cierto margen de actuación a las comunidades autónomas. Estas podían autorizar alternativas de protección, como el uso de telas pajareras, mallas o estructuras cerradas, siempre que el alimento y el agua se suministraran en espacios cubiertos y protegidos.
El impacto fue inmediato en muchas explotaciones de autoconsumo y en pequeñas granjas que basaban su modelo en la cría al aire libre, obligadas a adaptar instalaciones o a modificar rutinas de manejo en apenas unos días.
El avance imparable del virus
Los datos que acompañaron la decisión fueron contundentes. Desde el 1 de julio de 2025, la Unión Europea había notificado 139 focos en aves de corral y 708 en aves silvestres. En España, los servicios veterinarios confirmaron 14 brotes en explotaciones y 68 en fauna silvestre, con especial incidencia en comunidades situadas en rutas migratorias del norte y del oeste peninsular.
El virus dominante, el H5N1 de alta patogenicidad, provoca cuadros graves y una elevada mortalidad en aves. Desde el propio Ministerio advertían: «España está en las rutas migratorias. Podemos esperar nuevos casos cada año».
Un riesgo controlado para las personas
Pese a la alarma en el sector, las autoridades sanitarias insistieron en que el riesgo para la población general era bajo. El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades situó el nivel en «bajo/medio» únicamente para trabajadores del sector avícola o personas en contacto directo con aves infectadas.
También se subrayó que no existía riesgo por consumo: la carne de ave bien cocinada, los huevos y los productos transformados no transmiten el virus. Aun así, el Ministerio insistió en reforzar la bioseguridad, aislar a los animales de la fauna silvestre y extremar la vigilancia.
Un antes y un después en el campo
Las restricciones fueron más allá de las gallinas. Se prohibió la cría conjunta de patos y gansos con otras especies, el uso de determinadas aves como señuelo y se suspendieron ferias y concentraciones avícolas al aire libre, salvo autorización expresa.
Con perspectiva, aquella decisión se recuerda hoy como una de las noticias agrarias más relevantes de 2025, un aviso claro de que la sanidad animal se ha convertido en un factor clave para la supervivencia del campo y la estabilidad del sector agroalimentario.
