El Gobierno ha anunciado una nueva convocatoria de ayudas para el control de colonias felinas en todo el país. La iniciativa, impulsada desde el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, destinará casi dos millones de euros a sufragar proyectos municipales que utilicen el método de captura, esterilización y retorno de gatos callejeros, en el marco de la Ley de Bienestar Animal.
Subvenciones para entidades locales con «programas éticos»
La convocatoria, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 29 de marzo, está dirigida a entidades locales que cuenten con un programa de gestión ética de colonias felinas aprobado. Entre los posibles beneficiarios se encuentran ayuntamientos, diputaciones, cabildos, consejos insulares, mancomunidades y comarcas, siempre que los municipios implicados hayan establecido dicho programa.
Según ha detallado el ministerio, la cuantía máxima global de la convocatoria será de 1.950.000 euros. La financiación de cada proyecto aprobado podrá cubrir entre el 60% y el 100% del presupuesto presentado, en función de su evaluación técnica y del cumplimiento de los requisitos fijados por la Ley 7/2023, de protección de los derechos y el bienestar de los animales.
El plazo para presentar las solicitudes será de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación del anuncio en el BOE. Es decir, hasta el 30 de mayo de 2025. Los proyectos aprobados deberán ejecutarse a lo largo del año 2026, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre.
Una inversión polémica en un contexto de alerta ambiental
La decisión del Gobierno llega en un momento especialmente sensible, en el que numerosos expertos han alertado del impacto negativo de los gatos callejeros sobre la fauna silvestre. Entre ellos, el presidente de la Organización Colegial Veterinaria, Luis Alberto Calvo, subrayó que «el control de las colonias felinas debe tener la finalidad única de reducirlas para que desaparezcan».
Las advertencias también han llegado desde el ámbito científico. Un estudio reciente de la Fundación Artemisan reveló la alarmante presencia de estos felinos en zonas protegidas, confirmando su incursión incluso en espacios destinados a la recuperación de especies amenazadas. «Los resultados son muy alarmantes», alertaron desde la entidad, «porque en todos los casos se detectaron gatos dentro de las zonas protegidas».
Además, desde Artemisan criticaron la contradicción entre los esfuerzos por conservar especies como el lince ibérico, la cerceta pardilla o las aves esteparias, y la falta de control efectivo sobre los gatos ferales, cuya proliferación ha ido en aumento tras la entrada en vigor de la Ley de Bienestar Animal. «Es muy grave que se estén haciendo grandes esfuerzos económicos y humanos para la conservación de especies como la cerceta pardilla, el lince ibérico y las aves esteparias, pero al mismo tiempo no se ponga solución a un problema que afecta directamente a estos proyectos y que se ha visto agravado por la entrada en vigor de la Ley de Bienestar Animal», afirmaron.
Control ético frente a conservación de la biodiversidad
El método promovido por la administración central, conocido como CER (Captura, Esterilización y Retorno), ha sido motivo de controversia entre profesionales del ámbito medioambiental y veterinario. Si bien busca evitar el sacrificio de animales, sus detractores sostienen que no garantiza la desaparición de las colonias ni resuelve el impacto que estos gatos tienen en los ecosistemas.
A pesar de ello, el Gobierno mantiene su apuesta por este enfoque «ético», amparado en la legislación vigente. Mientras tanto, el debate sobre la convivencia entre el bienestar animal y la conservación de la biodiversidad sigue más abierto que nunca, con voces que exigen una revisión urgente de las políticas actuales para evitar un daño irreversible sobre la fauna autóctona.
