El campo español lleva años mirando al futuro con una mezcla de urgencia y esperanza. La falta de relevo, el acceso a la tierra y la financiación se han convertido en un muro para quienes quieren empezar desde cero. Ahora, el Gobierno asegura que pretende dar un paso más para derribarlo con una medida de calado: movilizar suelo público y ponerlo al servicio de nuevos proyectos agrarios.
La iniciativa la anunció este miércoles el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la clausura de una jornada sobre relevo generacional celebrada en el iHub La Vega Innova, un centro experimental del Ministerio de Agricultura ubicado en San Fernando de Henares (Madrid). Allí, abrió la puerta a ceder unas 17.000 fincas rústicas propiedad de la Administración General del Estado (AGE).
Sánchez explicó el enfoque con una frase clara: «Vamos a analizar su aptitud y, en su caso, las pondremos a disposición». El objetivo, recalcó, es que esas tierras puedan llegar a jóvenes agricultores, mujeres y nuevos profesionales del sector para que encuentren una puerta de entrada real al campo.
Un relevo generacional que ya no puede esperar
El presidente recordó que más del 40% de los titulares de explotaciones agrícolas en España superan los 65 años, un dato que refleja un problema que no es exclusivo de nuestro país, pero que aquí golpea con especial fuerza a las zonas rurales más frágiles.
«Nos estamos jugando mucho en cuestión de supervivencia de las comarcas golpeadas por la despoblación», advirtió Sánchez, aludiendo al impacto que tiene el envejecimiento del sector sobre pueblos enteros que pierden actividad económica, servicios y población año tras año.
El jefe del Ejecutivo defendió que estas fincas podrían convertirse en una oportunidad para crear «proyectos ganadores» y adelantó que el Gobierno «abrirá un proceso de diálogo con las comunidades autónomas y el sector sobre el modelo de acceso a las tierras». Es decir, el plan está sobre la mesa, pero su aterrizaje práctico dependerá también de cómo se articule con las administraciones y el tejido agrario.
En paralelo, el ministro de Agricultura, Luis Planas, reforzó la idea de que el desafío es mayúsculo. «El relevo generacional es el gran reto del sector agroalimentario en España y la Unión Europea. El reto de los retos», afirmó, citando también factores que aprietan al agricultor, como la inestabilidad geopolítica o el precio de los insumos.
‘Tierra Joven’, la plataforma con la que quieren mover el mercado agrario
Para que el plan no se quede en un anuncio, el Gobierno quiere apoyarse en una nueva herramienta tecnológica. Se trata de Tierra Joven, una plataforma digital impulsada por el Ministerio de Agricultura que, según Sánchez, servirá «para ofrecer información homogénea y unificada del mercado de tierras agrarias» y así movilizar suelo disponible.
El presidente describió esta plataforma como una vía para «mejorar la transparencia del mercado» con datos actualizados y con información clave para quien pretende emprender: financiación, normativa aplicable o fiscalidad. La intención es que esté desplegada en los primeros meses de este año mediante un real decreto que regule su contenido.
Además, el Ejecutivo prevé que, con la futura Ley de Agricultura Familiar, el sistema se consolide con una oficina de información y transmisión de tierras similar a la que existe en países como Francia, Alemania o Polonia.
Mientras tanto, el Ministerio recordó que ya cuenta con iniciativas enfocadas a la incorporación de jóvenes, como el Programa Cultiva (conocido como “Erasmus agrario”), préstamos bonificados, avales a través de SAECA y refuerzo de subvenciones para pólizas de seguros agrarios.
España quiere más peso para el relevo en la próxima PAC
Sánchez también aprovechó su intervención para situar el debate en Bruselas. Sobre la futura PAC 2028-2034, señaló que España planteará que hasta el 10% del presupuesto se destine al relevo generacional, frente al 6% que propone la Comisión Europea.
En un momento de incertidumbre comunitaria —con la sombra de posibles recortes del 22%—, el Gobierno insistió en que la respuesta debe ser la contraria: más fondos para asegurar el futuro de un sector que sostiene la alimentación, el empleo rural y el equilibrio territorial del país.
