La Política Agraria Común (PAC) es una norma dirigida, fundamentalmente, al sector agrario y al mundo rural que comparten todos los países miembro de la Unión Europea. Lo que se pretende con ella es ofrecer un firme apoyo a estos trabajadores y proporcionarles un nivel de vida «razonable».
De este modo, la PAC nace como una forma de favorecer el mantenimiento de la actividad agraria en concreto y del sistema agroalimentario en general. Asimismo, define las condiciones que hacen que este sector pueda cumplir con sus funciones y proporcionar beneficios a toda la sociedad.
Teniendo esto claro, ahora, el Gobierno ha cuestionado los buenos resultados que esta política podría estar aportando. Así lo podemos ver en la Resolución de 19 de abril de 2024, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P., por la que se publica el Convenio con la Sociedad Española de Ornitología, para el seguimiento y evaluación del efecto de la Política Agraria Común sobre la conservación de las aves y sus hábitats.
Otra ayuda de los presupuestos del Gobierno para un grupo ecologista
En uno de sus puntos, este texto anuncia el establecimiento de un marco de colaboración entre el CSIC y SEO/BirdLife para la «realización de un proyecto conjunto para el seguimiento y evaluación del efecto de la Política Agraria Común sobre la conservación de las aves y sus hábitats».
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Con este argumento, el Gobierno de España ha vuelto a destinar parte de su presupuesto a un grupo ecologista al que no es la primera vez que subvenciona. En concreto, en esta ocasión ha invertido un total de 100.000 euros para «cubrir los gastos en los que incurra SEO/BirdLife» para este proyecto.
Cabe recordar, además, que el PSOE ya dedicó casi 10 millones de euros de los presupuestos generales de 2023, prorrogados a 2024, para ecologistas y animalistas. De ese total, a este grupo en concreto le llegó más de un millón de euros en diferentes partidas de subvenciones. A esto se suman esos nuevos 100.000 euros que también recibirán ahora de las arcas públicas del Gobierno con el fin de determinar cómo está afectando a las aves y sus hábitats la conocida PAC.
