El fraude de los furtivos con los precintos utilizados en la caza mayor llevaba años siendo un rumor persistente en determinados círculos del furtivismo organizado. Sin embargo, varias resoluciones judiciales recientes y actuaciones policiales en el Pirineo catalán han permitido documentar con detalle un sistema tan sencillo como lucrativo.
Los hechos han sido confirmados tanto por sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) como por investigaciones desarrolladas por la Guardia Civil y los cuerpos de agentes medioambientales en zonas del Val d’Aran y el Alt Pirineu.
Antes de entrar en el detalle de las resoluciones judiciales, conviene entender qué papel juegan estos elementos de control y por qué su manipulación puede convertirse en una vía de fraude.
Un sistema pensado para el control… y burlado por los furtivos
Los precintos, son etiquetas de plástico identificativos que se entregan junto a los permisos oficiales. Incorporan una brida diseñada para ser de un solo uso y deben colocarse de forma inmediata en el animal abatido, normalmente en una pata o en la cuerna, antes de su transporte. Su número coincide exactamente con el de las piezas autorizadas.
El fraude consiste, precisamente, en no colocarlos o hacerlo de forma incorrecta, permitiendo su posterior reutilización. En permisos abiertos, válidos para un periodo y no para un día concreto, esta práctica facilita vender la posibilidad de portarlo un tercero que podría desplazarse como si contase con una autorización legal cuando no fue autorizado por el titular del acotado en cuestión. Según fuentes conocedoras de la operativa, estas anillas pueden alcanzar hasta 3.000 euros en circuitos clandestinos.
La Val d’Aran y una red organizada de furtivismo
Uno de los casos más claros fue documentado recientemente por los Agents de Miei Ambient de Aran y los Agents Rurals, que desmantelaron una red de furtivismo en la que vecinos de la zona facilitaban permisos y logística a personas llegadas de distintos puntos del Estado.
Se comprobó que guías locales facilitaban la logística a otras personas provenientes de distintos lugares de España, principalmente para el furtivismo del rebeco (Rupicapra pyrenaica), uno de los trofeos cinegéticos más apreciados de la zona, según señalan fuentes del Conselh Generau d’Aran.
En uno de los episodios investigados, se denunció a una persona de la zona por capturar un ciervo sin precinto y a una de fuera por haber cazado una hembra de rebeco sin autorización. En otro, los agentes localizaron dos trofeos ilegales: «Uno de ellos no tenía precinto y el otro lo tenía mal colocado, lo que habría podido permitir su manipulación y reutilización».
Al grupo, formado por seis personas, «se les atribuye el abatimiento de al menos 21 rebecos y 3 ciervos desde 2017 en la Val d’Aran».
Nueve gamos con seis permisos y una sentencia clara
El TSJC ha ratificado recientemente las sanciones impuestas a cinco personas que, en plena pandemia, abatieron nueve gamos en la reserva nacional de Alt Pallars-Aran cuando solo tenían permiso para seis. Los animales fueron trasladados a una sala de despiece de Sort sin ningún precinto colocado.
«La conducta objeto de sanción acaeció en las instalaciones donde se descargaron piezas de caza sin disponer de los precintos de plástico al tiempo de la descarga, ni tampoco fue aportada la documentación legal exigida, ni fue acreditada la trazabilidad», recoge la sentencia. Los hechos ocurrieron un jueves de octubre, pasadas las nueve y media de la noche, con los animales transportados en un remolque tirado por un 4×4.
