El Senado francés se prepara para debatir en las próximas semanas un ambicioso proyecto de ley centrado en reforzar la seguridad y la convivencia en el medio natural. La iniciativa, impulsada por el senador Patrick Chaize y revelada estos días por distintos medios franceses, plantea una batería de medidas que endurecerían de forma notable el acceso al permiso de armas y la organización de las jornadas colectivas.
A la espera de su debate oficial, el texto ya ha generado un intenso ruido político y social por el alcance de varias de sus propuestas. En paralelo a los elementos técnicos que buscan mejorar los procedimientos, las formaciones ecologistas han anunciado que intentarán ampliar aún más el marco restrictivo cuando el proyecto llegue al pleno.
Entre las medidas con más repercusión pública figura la obligatoriedad del certificado PSC1, un curso de primeros auxilios, como requisito previo para obtener el permiso de caza. Se trata de una formación extendida en otros ámbitos civiles, pero que hasta ahora no formaba parte del proceso para obtener la licencia.

A esto se suma la introducción de controles de alcohol y drogas, alineados con el código de circulación. Los test serían aplicables en el marco de las actividades cinegéticas colectivas y conllevarían sanciones agravadas en caso de accidente grave. La medida pretende reducir los errores humanos, que según el informe del Senado francés siguen presentes en dos tercios de los siniestros.
Nuevas restricciones impulsadas por los grupos ecologistas
El proyecto original, fruto de dos años de trabajos parlamentarios y más de 170 audiencias, ya incluía reformas relevantes, pero serán los senadores Verdes quienes planteen los cambios más drásticos. Su intención es introducir hasta cuatro medias jornadas semanales sin actividad cinegética: domingo completo, sábado por la tarde y miércoles por la tarde. Una propuesta polémica que la Cámara no incorporó en el texto base, pero que volverá a debatirse.
El grupo ecologista también defenderá la exigencia de un certificado médico anual para renovar la licencia, similar al requerido para determinados deportes de riesgo. Además, plantearán elevar a 18 años la edad mínima para portar armas, reforzar los entrenamientos periódicos y prohibir la suelta de aves de granja a partir de 2028.
Un debate que se prevé tenso en las próximas semanas
Más allá de los desacuerdos políticos, el proyecto apunta a reforzar la transparencia en la gestión de las cacerías colectivas, obligando a declararlas públicamente e introduciendo sanciones para quienes intenten sabotearlas. Las federaciones departamentales también ganarían peso en la planificación territorial, con nuevas competencias en rutas y áreas de uso compartido.
La fecha definitiva del debate aún no figura en la agenda del Senado, pero todo apunta a un proceso intenso. La actividad cinegética sigue contando con un arraigo profundo en las zonas rurales de Francia, y las organizaciones de cazadores ya han pedido un análisis equilibrado para evitar medidas que, a su juicio, penalicen una práctica legal y regulada








