Francia continúa moviendo ficha en la gestión del lobo (Canis lupus) y lo hace en una dirección muy distinta a la seguida por España durante los últimos años. La Asamblea Nacional francesa ha aprobado varias medidas destinadas a reforzar la protección de las explotaciones ganaderas amenazadas por este depredador, dentro de la revisión del proyecto de ley agrícola de emergencia. Entre ellas figura una flexibilización significativa de las normas que regulan los disparos defensivos y un aumento del cupo anual de lobos que podrán ser abatidos.
La decisión llega en un momento de fuerte presión del mundo rural francés, que viene denunciando un incremento de los ataques al ganado y una expansión progresiva de la especie desde su regreso natural al país a comienzos de la década de los noventa. El lobo, que en un primer momento se asentó principalmente en los macizos alpinos, ha ido extendiendo su presencia hacia el Macizo Central, los Vosgos, el Jura y diversas zonas de llanura, con el consiguiente aumento de conflictos en territorios ganaderos.
El contraste con España resulta especialmente llamativo. Mientras Francia reconoce el problema y adapta sus herramientas legales para proteger a los ganaderos, el Gobierno español continúa atrapado en una estrategia de obstáculos administrativos y lecturas restrictivas que, en la práctica, dificultan el control del lobo. El origen de esta situación no está en el último informe sexenal ni en la reciente consulta pública abierta por el Ministerio para la Transición Ecológica, sino en una decisión política anterior: la inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial en 2021, que paralizó la gestión que venían aplicando las comunidades del norte para defender a la ganadería extensiva.
Francia eleva las cuotas y simplifica los controles
La legislación francesa propone ahora elevar la cuota de extracción autorizada del lobo del 19% al 21% de la población estimada en el país, con la posibilidad de ampliarla hasta el 23% en circunstancias excepcionales. Según las cifras manejadas por el Gobierno francés, este cambio permitiría abatir aproximadamente 227 lobos frente a los 192 anteriores, sobre una población estimada de casi 1.082 ejemplares.
No se trata solo de una subida de cuota. Los diputados franceses también han aprobado medidas para hacer más ágil la respuesta ante ataques o situaciones de riesgo para el ganado. Una de las enmiendas autoriza, bajo determinadas condiciones, el uso de dispositivos de visión nocturna o imágenes térmicas en acciones defensivas por parte de cazadores y ganaderos. La medida ha generado reservas en el Ministerio de Transición Ecológica francés por posibles riesgos de seguridad pública o uso indebido del material, pero ha contado con el respaldo de representantes rurales que consideran imprescindible dotar a los afectados de herramientas eficaces.
El texto también simplifica los procedimientos administrativos aplicables a la defensa de ganado vacuno y equino. Hasta ahora, este tipo de actuaciones estaba sometido a un sistema de autorización previa, mientras que la nueva regulación prevé pasar a un sistema de nitificación, similar al que ya se aplicaba en las explotaciones ovinas. En la práctica, esto supone reducir trabas burocráticas y permitir una reacción más rápida cuando los ataques se producen en zonas especialmente castigadas.
Además, una enmienda presentada por Christophe Bentz, diputado de la Agrupación Nacional por la circunscripción de Chaumont-Langres, fue aprobada pese al criterio contrario del Gobierno. Esta modificación establece que los abates de control se presumirán legítimos cuando exista un ataque inminente o una intrusión clara de un lobo en una propiedad, sin necesidad de autorización previa ni de documentación administrativa antes de actuar. La intervención deberá ser evaluada posteriormente, pero el cambio introduce un principio muy relevante: en determinadas situaciones, la prioridad pasa a ser la defensa inmediata del ganado y de la explotación.
Los ataques al ganado empujan el cambio francés
Durante el debate parlamentario, el Gobierno francés justificó estos cambios por el aumento de los daños ocasionados por la depredación. Según los datos expuestos en la cámara por la ministra de Agricultura, Annie Genevard, en 2025 se registraron 4.400 ataques, un 8% más que el año anterior. Esos ataques provocaron la muerte o heridas de aproximadamente 12.500 animales domésticos.
La cifra, que es muy inferior a la de España, explica por qué Francia ha decidido avanzar hacia una gestión más flexible. El Ejecutivo francés asegura que busca un equilibrio entre la conservación de la población de lobos y la protección de la ganadería en las zonas rurales. Su planteamiento ha sido definido como «pragmático», una palabra que resume bien la diferencia con el caso español: allí donde el aumento de daños está generando un problema real para los ganaderos, se amplían los instrumentos de defensa y se reducen las cargas administrativas.
La oposición ecologista y varios grupos de izquierda han criticado estas medidas y repiten los mismos mantras que en España, sosteniendo que la respuesta debería pasar por más recursos para cercados, perros de guarda y presencia humana en las explotaciones. Sin embargo, la mayoría parlamentaria francesa ha optado por asumir que la protección estricta, por sí sola, no resuelve el conflicto cuando los ataques se repiten y la especie continúa expandiéndose.
Ese es precisamente el debate que España lleva años evitando con decisiones políticas vestidas de argumentos técnicos. Antes de la inclusión del lobo en el LESPRE, las comunidades del norte del Duero disponían de mecanismos de gestión que permitían actuar sobre poblaciones concretas en zonas con daños recurrentes. La entrada de la especie en ese listado en 2021, impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez, supuso un punto de inflexión: se prohibió su caza y se restringieron severamente los controles que se venían realizando para proteger al mundo rural.
España blindó al lobo y después llegaron los problemas
La decisión de incluir al lobo en el LESPRE fue celebrada por las organizaciones ecologistas, pero rechazada por las comunidades autónomas con mayor presencia de la especie y por buena parte del sector agrario. Para el mundo rural, aquello no fue una medida de conservación equilibrada, sino una decisión política que ignoraba la realidad de las zonas ganaderas y dejaba sin herramientas eficaces a quienes conviven a diario con el depredador.
Desde entonces, el conflicto no ha hecho más que agravarse. Las comunidades autónomas afectadas han denunciado un aumento de los ataques, una mayor presión sobre la ganadería extensiva y una creciente indefensión administrativa. Sólo en Castilla y León, la Junta cifró en casi 6.000 las cabezas de ganado muertas por ataques de lobo en 2024, un 40% más que antes de la inclusión de la especie en el LESPRE en 2021. Son cifras que explican el malestar de un sector que considera que la protección total no ha solucionado el problema, sino que lo ha trasladado directamente a las explotaciones.
El último censo nacional, que infraestima la realidad, estima entre 1.300 y 1.600 lobos repartidos en 333 manadas. Son datos muy superiores a los de los años setenta, cuando la especie estuvo al borde del colapso y apenas sobrevivían entre 300 y 500 ejemplares en toda España. Además, organizaciones agrarias como COAG han advertido de que las cifras oficiales no incluirían a numerosos lobos dispersantes no territoriales, por lo que la población real podría superar los 2.000 ejemplares.
A pesar de este escenario, el Gobierno ha mantenido durante años una posición restrictiva. Incluso después de que el lobo saliera del LESPRE gracias a la reforma impulsada por el PP y apoyada por otros grupos parlamentarios, el Ejecutivo ha seguido utilizando nuevos trámites, consultas públicas e interpretaciones técnicas para dificultar una gestión más flexible. La última consulta pública abierta por el Ministerio para la Transición Ecológica sobre el estado de conservación de la especie ha sido interpretada por las comunidades y el sector agrario como una nueva maniobra para reforzar la tesis más restrictiva y cerrar la puerta a los controles.
La salida del LESPRE no ha acabado con el bloqueo
La reforma aprobada en 2025 supuso un cambio relevante porque sacó al lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. Sobre el papel, esa salida debía abrir la puerta a recuperar una gestión más razonable en las zonas donde la especie provoca daños recurrentes. Sin embargo, el Gobierno ha seguido condicionando cualquier avance a la calificación del estado de conservación y al informe sexenal que debe remitirse a Bruselas.
La primera versión de ese informe defendía que el estado de conservación del lobo seguía siendo desfavorable en varias regiones biogeográficas. Varias comunidades autónomas rechazaron esa interpretación y Galicia llegó a elaborar un documento alternativo defendiendo que, con los mismos datos, la situación podía considerarse favorable al menos en las regiones atlántica y mediterránea. Y aquí está la batalla: si el lobo es declarado en estado favorable, las comunidades dispondrían de más margen para justificar controles poblacionales; si se mantiene como desfavorable, cualquier actuación letal seguirá sometida a fuertes restricciones.
Siete comunidades autónomas, precisamente las loberas, —Castilla y León, Cantabria, Galicia, País Vasco, La Rioja, Aragón y Madrid— anunciaron incluso una denuncia ante la Comisión Europea contra el Gobierno por bloquear la gestión del lobo y no remitir en plazo el informe sexenal obligatorio. Mientras tanto, Bruselas mantiene abierto un expediente de infracción contra España, lo que añade una dimensión europea a un conflicto que en el campo se vive de una forma mucho más sencilla: más ataques, más daños y menos capacidad de respuesta.
La comparación con Francia deja en evidencia el modelo español. París asume que la expansión del lobo exige instrumentos de defensa más rápidos y menos burocráticos para los ganaderos. Madrid, en cambio, lleva años convirtiendo la gestión del lobo en una batalla política e ideológica, primero con su inclusión en el LESPRE y después con nuevos procedimientos que retrasan o dificultan su control efectivo.
