La firma del convenio entre la finca Cabañeros y la Administración regional y estatal marca un punto de inflexión en la gestión del parque nacional. Tras la prohibición de la actividad cinegética en 2020, la población de ciervos y jabalíes se disparó y los efectos sobre la vegetación y los hábitats más sensibles se han ido acumulando, según han venido señalando distintos informes científicos y las propias administraciones implicadas.
En los últimos años, el parque ha vivido un escenario complejo. La falta de acuerdos con los propietarios privados, unida a la ausencia de un Plan de Gestión de Ungulados plenamente operativo en sus primeros años, dejó sin herramientas suficientes para frenar el deterioro ecológico. Bosques de ribera, turberas y zonas de monte mediterráneo han sufrido una presión creciente que amenazaba especies emblemáticas como el águila imperial o el lince ibérico.
El convenio firmado ahora convierte a la finca Cabañeros en la primera de las quince propiedades privadas del interior del parque que acepta la nueva hoja de ruta. A cambio de una compensación económica y otros intercambios, el acuerdo permitirá aplicar en el ámbito privado el mismo sistema de control que ya funciona en la parte pública del espacio protegido.
Un acuerdo que desbloquea años de conflicto
La Administración ha presentado este convenio como una herramienta «clave para reforzar la gestión y conservación de este enclave estratégico». El documento, avalado el pasado jueves por el patronato reunido en Pueblo Nuevo del Bullaque, establece medidas de restauración ecológica, control de ungulados, eliminación de especies invasoras y seguimiento de fauna y flora.
Durante años, los propietarios privados habían reclamado una solución tras quedarse sin actividad cinegética en 2020. Aquella prohibición, sumada al incremento continuado de ungulados, generó tensiones. La moción aprobada en enero de 2025 en la Diputación de Ciudad Real —que planteaba reintroducir la caza para frenar el deterioro— evidenció la magnitud del problema. En aquel pleno, donde PP y Vox votaron a favor y el PSOE se abstuvo, se advirtió de que la sobrepoblación estaba «afectando con gravedad a la flora, fauna y biodiversidad» del parque.
A la vez, se alertó del impacto socioeconómico en la comarca, donde la actividad cinegética había sido una fuente de ingresos y empleo. «Afecta a un territorio muy importante de Ciudad Real, como es la comarca de Cabañeros donde hay un drama auténtico y los pueblos se quedan sin gente», dijo entonces Miguel Ángel Valverde, presidente de la Diputación.
Tras prohibir la caza ahora necesitan abatir 2.400 ciervos y jabalíes
El convenio incorpora acciones de restauración de ecosistemas esenciales, la reducción de amenazas y la mejora de infraestructuras de uso público. También prevé el seguimiento continuado de las especies más sensibles y de los propios ungulados, con el objetivo de estabilizar sus poblaciones y recuperar procesos naturales que habían quedado alterados. Según detalla CLM24, el control de ungulados incluye recechos, aguardos y batidas, además de capturas en vivo, con el fin de reducir la población en unos 1.200 ejemplares anuales durante dos años.
El patronato del parque analizó además el informe de gestión de 2025, que recoge avances en conservación de hábitats, prevención de incendios y programas científicos. De cara a 2026, las líneas de trabajo se centrarán en reforzar la restauración ecológica, el control de la fauna y la mejora del conocimiento sobre los efectos de la sobrepoblación.
Con este primer acuerdo, la Administración confía en que otras fincas privadas se sumen al modelo. El reto es frenar lo antes posible el deterioro provocado por años de presión excesiva de ungulados, un problema que los técnicos consideran ahora crítico para asegurar el futuro del parque nacional.
