La implantación del sistema de precintado digital de capturas de caza mayor impulsado por la Junta de Castilla y León continúa generando problemas para los cazadores de la región. Ayer se detectó un fallo crítico que afecta especialmente a usuarios de dispositivos iPhone, particularmente los modelos más modernos, impidiendo llevar a cabo el precintado obligatorio tras abatir un animal.
Según ha informado la Federación de Caza de Castilla y León, el problema radica específicamente en el sistema utilizado por la administración para el registro digital de capturas, que no resulta compatible con algunos dispositivos móviles de la marca Apple. La consecuencia directa de esta situación es que numerosos cazadores, propietarios de estos teléfonos, quedan incapacitados para realizar el precintado digital.
La alternativa: papel, bolígrafo… o un segundo teléfono
Para salir del paso y poder precintar los corzos, la solución que se ofrece es la siguiente: recomiendan que los cazadores afectados lleven consigo otro dispositivo alternativo que permita cumplir con la normativa. Es decir, que si no funciona la app en tu móvil, deberás llevar un segundo teléfono con sistema operativo Android. Otra posibilidad mencionada es recurrir a la autorización alternativa en papel facilitada por el gestor del coto.
Ante la posibilidad de que ninguna de las alternativas mencionadas sea posible, advierten de la importancia de contactar inmediatamente con la guardería correspondiente antes de mover el corzo abatido, con el fin de evitar posibles sanciones derivadas de la falta de precinto.
Este fallo supone otro revés más para un sistema que desde su lanzamiento ha generado controversia entre el colectivo cazador, que considera que la administración debería haber previsto con mayor rigor la implementación de esta tecnología antes de imponerla de forma generalizada. Las críticas subrayan especialmente la necesidad de una mejor planificación y pruebas previas más exhaustivas, sobre todo teniendo en cuenta la obligatoriedad de esta herramienta y las consecuencias legales que supone su incorrecto funcionamiento.
