La Federación Andaluza de Caza solicitó ayer a la Comisión de Reconstrucción Social y Económica de Andalucía tras el Covid-19 del Parlamento Andaluz la elaboración de un protocolo sanitario de actuación que “blinde” la práctica de la actividad cinegética ante posibles rebrotes del Covid-19 dado su carácter esencial para la gestión ambiental, el control de daños a la agricultura, riesgos sanitarios y de seguridad vial e, incluso, para dinamización socio-económica del rural andaluz.
El presidente de la Federación Andaluza de Caza, José María Mancheño, compareció ayer en esta comisión parlamentaria para solicitar la creación de un grupo de trabajo multidisciplinar, integrado por la Administración y los propios cazadores, que elabore un protocolo para garantizar el desarrollo de la actividad en cualquier contexto sanitario, adaptando la práctica en cada caso a la situación y a las recomendaciones de seguridad sanitaria.
Cabe recordar que, durante el confinamiento, la caza ha sido una herramienta fundamental para frenar los daños a la agricultura, así como los riesgos sanitarios por la sobrepoblación de determinadas especies, como el jabalí, que además se ha desarrollado sin ningún riesgo sanitario. En este sentido, Mancheño recordó a los parlamentarios andaluces que «a escasos diez días de decretarse el Estado de Alarma, el Ministerio de Agricultura solicitaba públicamente a los gobiernos autónomos la autorización de la caza para el control de daños. Entendemos que la caza podría, perfectamente, practicarse adaptándose a las recomendaciones sanitarias en cada momento, como así lo ha hecho en el peor momento de la pandemia» explicó el presidente de los cazadores federados andaluces.
Ésta es la propuesta más destacada de una batería de medidas presentadas ayer por la Federación Andaluza de Caza para la reactivación del sector cinegético andaluz y entre las que también tienen un peso importante las propuestas relativas a rebajas fiscales para la actividad, como la bonificación total en el importe de canon público de aprovechamiento cinegético de montes públicos, bonificación parcial de la tasa por matrícula de coto o de la tasa por adjudicación de permisos de caza en la oferta pública de caza.
El fomento y protección del empleo cinegético, estableciendo ayudas por mantenimiento o nueva contratación de guardas de caza, el diseño y promoción de un plan de turismo cinegético y otro dirigido a la promoción del consumo interno de carne de caza, son algunas de las medidas que completan un documento entregado ayer por la FAC a todos los grupos parlamentarios.
La caza, con un total de 220.451 licencias y más del 81% de aprovechamiento dentro del territorio andaluz, contribuyó al PIB andaluz en 2018 con 1.712 millones de euros, generando más de 162 millones de euros en retornos fiscales y 49.000 empleos directos e indirectos. «Todos estos datos, junto a los 49 millones de euros de inversión en trabajos de gestión y conservación y a las múltiples labores de gestión ambiental en colaboración con la Administración, sitúan a la caza como una actividad estratégica dentro del sector primario y cuya dinamización redundaría muy positivamente en el mundo rural andaluz. Por este motivo, hemos presentado un documento de propuestas reales, posibles y que redundarían positivamente tanto en el sector, como en todos los andaluces que lo integran», explica José María Mancheño.
