La Federación Andaluza de Caza (FAC) ha trasladado esta semana a los grupos parlamentarios del PP Andaluz, PSOE de Andalucía y Vox su firme oposición a la intención de la Comisión Europea de prohibir de forma inmediata la munición de plomo. La entidad advierte de que esta decisión «supondría el fin de la caza en España» y pide a los partidos andaluces que se posicionen en defensa del sector.
Durante las reuniones celebradas en el Parlamento de Andalucía, los representantes de la FAC recordaron a los grupos que la medida afectaría al 80 % del arco parlamentario autonómico y tendría un «gravísimo impacto socioeconómico». A su juicio, el veto al plomo no solo pone en riesgo miles de empleos vinculados al medio rural, sino que carece de respaldo técnico o científico suficiente.
Según la organización, la decisión de Bruselas llega sin ofrecer alternativas reales que garanticen la seguridad y eficacia de los materiales sustitutivos. Las municiones de acero u otros metales presentan graves incompatibilidades con las armas actualmente en uso, menor letalidad y un mayor riesgo de rebote, con las consiguientes implicaciones en materia de seguridad y bienestar animal.
Reuniones con los grupos parlamentarios
El encuentro con los grupos políticos permitió a la FAC exponer su preocupación por la falta de estudios independientes que demuestren un efecto directo y generalizado del plomo sobre las especies silvestres o la salud humana. En este contexto, la federación ha solicitado a PP, PSOE y Vox que impulsen una Proposición No de Ley (PNL) para instar al Gobierno central a defender ante la Comisión Europea los intereses de los más de 500.000 cazadores españoles.

Desde la federación recalcan que la caza es una herramienta esencial para la conservación del medio natural, el control de daños agrícolas y la prevención de enfermedades y accidentes. La eliminación repentina del plomo, sostienen, tendría consecuencias irreversibles para la actividad y para los ecosistemas rurales.

«Una amenaza tan grave como la Ley de Bienestar Animal»
El presidente de la FAC, José María Mancheño, ha sido contundente al calificar la propuesta comunitaria: «Los cazadores andaluces tenemos muy claro que esta decisión de la Comisión Europea y la postura de cualquier administración que la apoye supone una amenaza tan grave, o más, que los pasados intentos de acabar con la caza mediante una mal llamada Ley de Bienestar Animal».

Mancheño añade que la organización «empleará todos los recursos que sean necesarios para que los intereses, preocupaciones y necesidades de los cazadores sean atendidos».








