La decisión de Bruselas de ampliar a cinco años el plazo para retirar los perdigones de plomo en la caza menor y el tiro deportivo ha sido recibida con cautela en España. Aunque supone un cambio respecto a la propuesta inicial, que planteaba plazos mucho más cortos, el sector considera que sigue lejos de la realidad del campo y de las necesidades de los cazadores.
El nuevo texto, impulsado desde el Comité REACH de la Comisión Europea, deja fuera por ahora la prohibición de la munición metálica en caza mayor, un aspecto que alivia parcialmente a los profesionales y aficionados. Sin embargo, la incertidumbre sigue presente, ya que la propia Comisión contempla revisar esta exclusión en el futuro.
Desde la Real Federación Española de Caza (RFEC) reconocen que ha habido avances fruto de la presión de varios Estados miembros y del trabajo técnico desarrollado en los últimos años. Aun así, advierten de que el calendario planteado no permite una transición ordenada ni realista.
Un cambio sin alternativas claras
Uno de los principales problemas que señala el sector es la falta de una alternativa que sustituya al plomo con garantías. La RFEC insiste en que, a día de hoy, no existe un material que combine seguridad, eficacia y un coste asumible, lo que complica cualquier transición en un corto plazo.
A esta dificultad se suma el impacto que tendría sobre el parque de armas existente. En España, cerca de medio millón de escopetas podrían no ser compatibles con materiales como el acero, lo que obligaría a muchos cazadores a renovar su equipo con el consiguiente coste económico.
El temor no es solo técnico. Según un estudio de Euractiv para la Federación Europea de Tiro Deportivo, basado en más de 18.000 encuestas, un 25% de los cazadores abandonaría la actividad y otro 30% la reduciría si se produce una transición acelerada sin soluciones viables.
Críticas al papel del Gobierno
La RFEC también ha cargado contra la postura del Gobierno de España durante la tramitación de la norma. En concreto, critica al Ministerio para la Transición Ecológica por mantener una línea alineada con las posiciones más restrictivas y no haber atendido las demandas del sector. La Federación denuncia que no se han definido medidas clave para facilitar el cambio, como incentivos para la renovación de armas, planes para gestionar los stocks existentes o consultas con la industria armera. Una falta de diálogo que, según el sector, agrava la incertidumbre.
El presidente de la RFEC, Josep Escandell, lo resumía así: «La necesidad de disponer de grandes cantidades de munición para el control de especies como el conejo o el jabalí, y las condiciones de nuestra caza, que se desarrolla en terrenos donde alternativas como el acero pueden suponer un problema de seguridad».
Un calendario aún por decidir
La propuesta europea será votada previsiblemente en junio por los Estados miembros. Si sale adelante, podría elevarse al Parlamento Europeo en septiembre, con una posible entrada en vigor a partir de 2027.
Mientras tanto, la RFEC ya ha anunciado que seguirá trabajando para ampliar los plazos y lograr un periodo transitorio de al menos diez años. El objetivo, aseguran, no es frenar el cambio, sino garantizar que se haga con criterios técnicos, económicos y de seguridad que permitan la adaptación progresiva del sector.
