El tiempo avanza sin detenerse, y con él cambian las armas, la ropa, la óptica… y también las leyes que rigen el campo. Pero hubo una época, no tan lejana en la memoria de nuestros mayores, en la que cazar un lobo no solo era legal, sino que te daba prestigio en el pueblo… y un dinero del Estado.
Nuestros abuelos vivieron una caza muy distinta a la de hoy. Entonces, abatir especies como el gato montés, el lince o el propio lobo no se consideraba un delito, sino un acto de servicio a la comunidad. Eran tiempos en los que proteger el ganado era prioridad, y el cazador que eliminaba a un depredador tenía nombre y respeto.
Un lobo, 15 pesetas
En 1903, por ejemplo, se premiaba con 15 pesetas la caza de un lobo. Así lo recoge el Reglamento de 3 de julio de ese año, que desarrollaba la Ley de Caza vigente entonces. En su artículo 69 quedaban reflejadas las recompensas fijadas para quienes dieran caza a las especies consideradas dañinas: lobos, zorros, aves de rapiña y gatos monteses.
«Las personas que persigan y den muerte a los animales dañinos que a continuación se expresan, obtendrán los Ayuntamientos respectivos las siguientes recompensas», dictaba sin ambages aquel reglamento de principios del siglo XX. Así era la norma. Y así funcionaba.
El texto, añadía un matiz final para establecer quiénes podían optar a dichos pagos: «Para tener derecho a estas recompensas, será necesario presentar los animales muertos al Ayuntamiento, donde se cortará la cola y orejas, si aquellos fuesen lobos o zorros; la piel, si fuese animal de menor tamaño; y la cabeza y patas si fuese ave de rapiña. Dichas partes se remitirán a los Gobiernos civiles que puedan servir de comprobantes al rendir cuentas a los Ayuntamientos».
La situación actual
El contexto actual del lobo en España ha cambiado radicalmente en las últimas semanas. Desde el pasado 2 de abril de 2025, la caza del lobo vuelve a estar permitida al norte del río Duero, tras la publicación en el BOE de una enmienda incluida en la Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario. Este cambio normativo revierte parcialmente la polémica decisión del Gobierno en 2021 de incluir al lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE), lo que provocó su blindaje total en todo el territorio nacional.
La modificación, fruto de una intensa presión por parte del sector rural, las comunidades autónomas afectadas y numerosas organizaciones agrarias, permite nuevamente su control cinegético en aquellas zonas donde causa graves daños al ganado, especialmente en comunidades como Castilla y León, Asturias, Cantabria o Galicia.
