Las elecciones generales del próximo 29 de noviembre vuelven a situar a los cazadores ante una decisión que influirá en el futuro de su actividad. Por este motivo, Jara y Sedal ha solicitado una entrevista con los principales líderes de los partidos políticos que concurren a las elecciones. El primero en aceptar nuestra solicitud ha sido Alberto Núñez Feijóo, quien responde de nuevo a nuestras preguntas sobre el lugar que ocuparán la caza y el mundo rural en su Gobierno si finalmente así lo deciden las urnas.
El presidente del Partido Popular llega a esta cita electoral después de que su formación haya anunciado su adhesión al decálogo de compromisos políticos de la Real Federación Española de Caza, dentro de la campaña ‘La Caza También Vota’. Con ese compromiso sobre la mesa, le preguntamos por las decisiones que adoptaría durante sus primeros cien días, la financiación de la gestión cinegética, las leyes animalistas y otras cuestiones que preocupan al sector: desde el lobo y la munición de plomo hasta la participación de los cazadores en las políticas que les afectan. Estas son sus respuestas.
Pregunta. En nuestra última entrevista antes de las elecciones generales de 2023 usted nos indicó que la gestión de la fauna salvaje y la actividad cinegética son estratégicas para el Partido Popular y así lo hemos podido ver en su actividad parlamentaria y en los diferentes gobiernos autonómicos que se han conformado. Permítanos empezar yendo al grano: ¿qué tres decisiones concretas adoptará durante sus primeros 100 días para demostrarlo?
Respuesta. Mi compromiso sigue firme e inalterable. La primera semana de Gobierno remitiremos a la Comisión Europea el informe sexenal de fauna silvestre que ha sido aprobado por los expertos de todas las comunidades autónomas y lleva más de un año paralizado por el Gobierno. Esto permitirá el cumplimiento de la Directiva Hábitats y el control poblacional de las especies que no estén en situación desfavorable, incluido el lobo. Y en los primeros cien días pondremos en marcha el Programa Nacional de Medidas Preventivas frente a la Fauna Silvestre, que incluye expresamente el apoyo a la actividad cinegética como herramienta de prevención de daños, junto a mastines, cercados y sistemas de alerta temprana. Y activaremos la elaboración de la Estrategia Nacional de Gestión Cinegética, ahora sí con memoria económica, indicadores y evaluación por resultados.
P. ¿Puede adelantarnos en qué ministerio estarán las competencias estatales sobre caza? ¿Creará una dirección general específica o asignará esas funciones a un órgano existente?
R. En la estructura del futuro Gobierno la gestión cinegética no será una política aislada, ni algo residual, sino que será fundamental como parte esencial que es de la gestión activa del territorio, de la política rural y del mantenimiento de la biodiversidad. Europa habla de one health, de prevención y gestión integrada de respuestas ante la transmisión de enfermedades y zoonosis entre animales y su impacto en la salud, y aquí el sector cinegético tiene un papel fundamental. Este enfoque hubiera permitido, por ejemplo, dar respuestas rápidas ante problemas como el que se ha vivido por la sobrepoblación de jabalíes en Cataluña y la peste porcina africana, que casi un año después sigue descontrolada.
P. En el momento de realizar esta entrevista el Partido Popular aún no ha hecho público su programa electoral, pero ¿cuál considera usted que es su propuesta estrella o cuáles son sus propuestas estrella para el colectivo de cazadores en España?
R. Como saben, he firmado el decálogo de la Federación Española de Caza, que ha participado en la elaboración del programa electoral del Partido Popular. No solo hemos preparado un programa electoral para el mundo rural, sino que tenemos ya un programa de Gobierno, el Libro Blanco para el mundo rural y costero, en el que, además de propuestas de financiación y fiscalidad o simplificación normativa y burocrática que beneficiarán a todos los sectores, la caza sostenible tiene un apartado específico, en el que podemos destacar tres medidas: la primera, el reconocimiento de la caza como herramienta ordinaria de gestión de poblaciones cuando concurran razones ambientales, sanitarias, económicas o de conservación. La segunda, que los cazadores puedan obtener ingresos por los servicios ambientales que prestan, incorporando las actuaciones cinegéticas a la Ley de Ingresos por Beneficios Ambientales, con incentivos fiscales asociados. Y la tercera, dar seguridad jurídica y quitarle papeleo al cazador: un módulo cinegético en la Ventanilla Única, la gestión digital de licencias de caza y la consolidación de la figura del cazador formado con reconocimiento mutuo entre comunidades autónomas. A ello se suma un compromiso con la recuperación de la caza menor y la mejora de los hábitats.
«La segunda, que los cazadores puedan obtener ingresos por los servicios ambientales que prestan, incorporando las actuaciones cinegéticas a la Ley de Ingresos por Beneficios Ambientales, con incentivos fiscales asociados».
P. Uno de los problemas a los que nos hemos enfrentado en las dos anteriores legislaturas es que la Estrategia Nacional de Gestión Cinegética aprobada por el anterior Gobierno ha sido un brindis al sol lleno de muy buenas intenciones, pero sin utilidad ni aplicación real. De hecho, su activación forma parte del documento de compromiso que la Real Federación Española de Caza le ha propuesto firmar a los grupos políticos de cara a las próximas elecciones. Le pregunto sin rodeos: ¿esa memoria económica a la que se refería antes significa que la dotará de financiación para hacerla efectiva y formar parte de su hoja de ruta de Gobierno?
R. Sí. Proponemos revisar y actualizar la Estrategia Nacional de Gestión Cinegética para el periodo 2027-2035 y hacerlo precisamente para corregir lo que usted describe: tendrá memoria económica, un sistema de evaluación por resultados, indicadores de seguimiento y mecanismos de coordinación con las comunidades autónomas, e irá integrada con la política rural: forestal, de biodiversidad y de sanidad animal.
P. Otra de las cuestiones que más preocupa al sector es la institucionalización de las ideologías de extremos, que en este caso han encontrado en la Dirección General de Derechos de los Animales su máximo exponente anticaza. Si usted llega al Gobierno, ¿mantendrá, suprimirá o reorganizará la Dirección General de Derechos de los Animales?
R. Comparto totalmente esa preocupación. Mi compromiso es con el rigor, la experiencia y los criterios técnicos. Los extremos se acercan más a los populismos que a las realidades y en este momento, tras ocho años de irracionalidad, se requiere rigor y experiencia de gestión. Lo he dicho en varias ocasiones y lo repito: reduciré todo gasto y exceso del aparato administrativo creado por el actual Gobierno, máxime si se trata de órganos ideológicos que solo han generado problemas, burocracia y gastos, incluso perjudicando la conservación de las especies y de la biodiversidad.
P. Permítame que vuelva a ser directo con mi pregunta y le pido que usted también lo sea en su respuesta: ¿derogará o modificará las leyes animalistas manteniéndose fiel a las posturas que su grupo sostuvo durante su tramitación? Me refiero a la Ley de bienestar animal y a la reforma del Código Penal en materia de maltrato animal aprobada en 2023.
R. Nuestro compromiso de revisión era firme y lo sigue siendo. Quiero recordar que los perros de caza pueden seguir siéndolo gracias a que el PP en el Congreso consiguió excluirlos de esa ley en una de las negociaciones más agrias frente al Gobierno del PSOE con Podemos. Respecto al Código Penal, efectivamente, nadie entiende que el Gobierno lo haya modificado para rebajar las penas a secesionistas y, al mismo tiempo, para aumentarlas a quien mate a una rata que se le cuela en casa. El Código Penal es algo muy serio, pero Sánchez lo ha utilizado como un juguete con el que pagar sus deudas políticas, por ejemplo, a sus socios de Podemos, incrementando penas de forma desproporcionada a ciudadanos por pura ideología animalista, poniendo en riesgo la seguridad de nuestros pueblos y el bienestar de los propios animales a los que dicen querer proteger.
P. ¿Cuál será su postura con respecto al silvestrismo y otras formas de caza que forman parte de la cultura etnográfica de este país?
R. El silvestrismo y las modalidades tradicionales forman parte del patrimonio cultural, histórico y etnográfico y nuestra propuesta es protegerlo sobre la base de datos científicos y ponerlo en valor sin poner en riesgo la conservación de las especies. Entiendo que esta política que combina protección y tradición es compartida con todos aquellos que lo defienden. Lo haremos considerando las tradiciones, el valor histórico y el conocimiento del mundo rural como un activo estratégico de captación de población.
P. Hablemos de la Ley de Parques Nacionales. En febrero de 2023, el PP llevó al Congreso de los Diputados una proposición de ley con el objetivo de permitir nuevamente la caza deportiva y la pesca en terrenos privados de los parques nacionales. ¿Mantendrán esta propuesta si ustedes llegan al Gobierno?
R. Sí, la mantendremos. Seguimos defendiendo la proposición de ley que presentamos en febrero de 2023 para permitir de nuevo la caza y la pesca en los terrenos privados de los parques nacionales. Quiero recordar que la paralización se hizo contraviniendo la normativa, al imponerse sin acuerdo con los propietarios de los cotos, tal y como estaba previsto. Insisto en que solo se utilizarán criterios técnicos. Tenemos claro que la conservación no es inacción: proteger los parques nacionales no equivale a paralizar la actividad, impedir el control de su fauna ni limitar la economía de la zona. No hay nadie más interesado en conservar los espacios naturales que quien vive en ellos o los disfruta; por eso debe hacerse siempre de forma controlada, cumpliendo los criterios de los expertos de las administraciones y compatibilizando aprovechamiento y conservación.
«Seguimos defendiendo la proposición de ley que presentamos en febrero de 2023 para permitir de nuevo la caza y la pesca en los terrenos privados de los parques nacionales».
P. Otra de las reivindicaciones planteadas en el documento propuesto por la RFEC es la modificación del Reglamento de Armas para adecuarlo a la realidad europea, especialmente en lo relativo a la autorización del uso de moderadores de sonido. ¿Impulsará su Gobierno una medida en este sentido?
R. Por supuesto que habrá que adecuarse a la realidad europea. Quiero recordar que España se ha alejado estos años de toda la regulación europea que no le convenía a Sánchez o no formaba parte del ideario político de sus socios. De hecho, somos el país más incumplidor: tenemos 104 directivas sin trasponer y multas que amenazan con superar los tres millones de euros diarios por incumplimiento. Por eso impulsaremos la actualización del Reglamento de Armas para adecuarlo a la realidad europea y a las necesidades actuales de la caza y la gestión de fauna. El libro blanco prevé reforzar la lucha contra el furtivismo y la vigilancia ambiental con nuevas tecnologías, así como dar seguridad jurídica al uso de drones, cámaras inteligentes y otras herramientas de seguimiento y gestión de fauna.
P. Una de las cosas que más preocupa a los cazadores es la prohibición de la munición de plomo defendida por el Gobierno de Sánchez a petición de las organizaciones ecologistas. El sector está muy preocupado porque esto puede suponer el fin de la caza social, ya que a día de hoy no hay alternativas a este tipo de munición y tampoco hay base científica que justifique la medida. ¿Cuál será su posición con respecto a este tema?
R. Nuestra posición es que cualquier cambio debe basarse en evidencia científica y ser viable para el cazador. Proponemos un programa de transición progresiva hacia alternativas a la munición con plomo, con apoyo al sector y con periodos transitorios adecuados que garanticen su viabilidad práctica y económica. No vamos a dejar al cazador solo ante una exigencia sin alternativas reales.
P. En nuestra última entrevista usted mostró su voluntad de recuperar los puentes destruidos y el diálogo y la participación del sector cinegético en el desarrollo de las políticas de Gobierno. Nos gustaría saber hasta qué punto está dispuesto a dar voz a los cazadores y al mundo rural. Teniendo en cuenta que el mundo de la caza es uno de los mayores custodios del territorio, ¿modificará la composición del Consejo Asesor de Medio Ambiente para darle también voz en un órgano tan importante? ¿Qué otras medidas tienen previstas?
R. El sector de la caza ha participado activamente en las iniciativas presentadas y aprobadas por el PP en el Congreso de los Diputados y en el Senado. Cuando se defina la futura estructura ministerial, se definirán los órganos de participación y se dará voz a todos y cada uno de los interesados.
Si estando en la oposición la voz de la caza ha sido fundamental para elaborar las políticas rurales, no lo será menos en su desarrollo. Y para que esa voz no dependa de la voluntad de ningún Gobierno, aprobaremos la Ley del Mecanismo Rural de Garantía por la que ninguna norma estatal podrá aprobarse sin evaluar antes su impacto en el mundo rural y, por tanto, en la caza. Es la garantía de que lo que hoy reclama el sector se tendrá en cuenta antes de legislar, y no después.
P. Según una investigación periodística llevada a cabo por nuestro medio, desde 2022 el Gobierno de Pedro Sánchez ha entregado a los grupos ecologistas más de 30 millones de euros. Le pregunto sin rodeos: ¿mantendrá esta financiación directa a SEO/BirdLife, WWF España, Ecologistas en Acción y Amigos de la Tierra?
R. En cuanto llegue al Gobierno lo primero que haré será encargar una auditoría sobre las cuentas y los gastos generados por este Gobierno. Se eliminará todo aquello que sea gasto sin contraprestación y beneficio probado. Además, como saben, proponemos aprobar una Ley de ingresos por beneficios ambientales: quien beneficie el medioambiente y los ecosistemas podrá tener ingresos justificando el beneficio.
P. Otro de los problemas a los que se enfrenta el sector es la judicialización de las órdenes de veda por parte de estos grupos ecologistas. De hecho, al momento de realizar esta entrevista, la temporada de caza de algunas de las aves más importantes se encontraba paralizada en la Comunidad de Madrid por la denuncia de SEO/BirdLife. ¿Tienen algún plan para dotar de mayor seguridad jurídica al sector cinegético frente a estos ataques?
R. Para dar más seguridad jurídica al sector queremos reconocer la caza como herramienta ordinaria de gestión poblacional y crear un Programa Nacional de Gestión de Poblaciones, con delimitaciones y protocolos homogéneos basados en datos científicos actualizados (anillamiento, marcajes, censos) para fundamentar mejor las decisiones administrativas en todas las comunidades autónomas. Es fundamental dotar al sector de estabilidad regulatoria y revisar toda la aplicación de la normativa europea para evitar interpretaciones que, sin referencia científica ni datos rigurosos y actualizados, impidan la gestión activa del territorio.
«Para dar más seguridad jurídica al sector queremos reconocer la caza como herramienta ordinaria de gestión poblacional y crear un Programa Nacional de Gestión de Poblaciones».
P. ¿Cuál será su posición con respecto a la problemática del lobo?
R. Mi posición es clara: cumplir las normas, nacionales y europeas, para garantizar el equilibrio entre la conservación del lobo y la protección y seguridad de nuestros pueblos y de nuestros ganaderos. No olvidemos que fue el Partido Popular quien incluyó en una ley las enmiendas necesarias para recuperar ese equilibrio y permitir los controles en toda España, al norte y al sur del Duero.
En la primera semana de Gobierno enviaremos a la Comisión Europea el informe sexenal sobre fauna silvestre que exige la Directiva Hábitats, que permite ese control. Ese informe lo aprobaron los expertos de todas las comunidades autónomas en el Comité de Flora y Fauna en julio de 2025, y el Gobierno lo retiene desde entonces con argucias tan infantiles como absurdas: el lobo en España no tiene ningún problema de conservación; los ganaderos sí, y la seguridad de nuestra gente también. De hecho, se han duplicado los accidentes por fauna salvaje en carreteras rurales, no solo por el lobo, sino por una política de descontrol absoluto de la fauna silvestre. Bruselas ya ha abierto expediente a España por no enviar el informe. No permitiremos que avance.
Además, el coste de conservar la fauna silvestre no puede recaer solo sobre los ganaderos, que han soportado hasta 10 enfermedades epizoóticas en un año, un triste récord europeo. La inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial en 2021, sin criterio técnico alguno, provocó un aumento significativo de los ataques, mientras el Gobierno desviaba 20 millones de euros de las indemnizaciones de los ganaderos a otras partidas en un ejercicio de despotismo administrativo contra los ganaderos sin precedentes.
Mi compromiso es con la seguridad y el futuro del mundo rural, aplicando siempre criterios técnicos y no ideológicos en la conservación de la fauna silvestre. En concreto: un Programa Nacional de Medidas Preventivas en los primeros cien días, con apoyo a la actividad cinegética, mastines y cercados; modelos de gestión adaptativa para la coexistencia con los grandes carnívoros. Un Sistema Nacional de Compensación Rápida, con indemnizaciones ágiles y baremos actualizados al valor real que incluyan el lucro cesante y los costes veterinarios.
P. Si necesita pactar para gobernar, ¿exigirá que alguno de estos compromisos adquiridos con la RFEC sobre la caza figure por escrito en el acuerdo como condición para firmarlo?
R. Me presento para gobernar. La caza ha participado de forma decisiva en la elaboración de las propuestas del PP. Ahora solo hace falta que los españoles quieran que gobernemos para emprender la reconstrucción nacional.
P. Un último mensaje para nuestros lectores: ¿por qué deben votar los cazadores al PP?
R. Porque para nosotros la caza no es una foto de campaña, es una herramienta de gestión del territorio, de conservación de las especies, de prevención de incendios, de sanidad animal y de desarrollo del territorio que defenderemos en España y en Europa. Solo el PP tiene la experiencia necesaria, y lo hemos demostrado con hechos, aun estando en la oposición, enfrentándonos al Gobierno más hostil para los cazadores; evitando que los perros de caza se extinguieran al excluirlos de la ley de derechos de los animales, o al eliminar al lobo del LESRPE a pesar, incluso, de la abstención de quienes se supone apoyan la caza incondicionalmente, o al obligar a aplicar la Directiva Hábitats para exigir su control en toda España. De cara al futuro, la caza se ha incluido como elemento esencial para el desarrollo rural: una Estrategia Cinegética con dinero y objetivos, el reconocimiento de la caza en la gestión ordinaria de poblaciones, el reconocimiento económico de los servicios ambientales que presta el cazador, el impulso a la carne de caza, a los circuitos cortos y a los mataderos rurales, formación y relevo generacional para que más jóvenes y mujeres se incorporen al sector, menos burocracia y una defensa clara de su papel frente a la desinformación y los enfoques ideologizados. Experiencia de gestión, compromiso demostrado y futuro prometedor. Creemos en el sector y lo seguiremos demostrando si nos dan su voto.
