Nos hemos acostumbrado a lo excepcional. Y lo excepcional lo hemos convertido en lo habitual. Hablar hace veinte años de comarcas de emergencia cinegética era algo raro. Sonaba a chino. Ciencia ficción. En 2026, casi 400 pueblos de Castilla-La Mancha están dentro de la comarca de emergencia del conejo. Y en algunas zonas de Castilla y León, Madrid, Aragón y Andalucía, igual. Muchos de los agricultores de estas zonas están a punto de tirar la toalla o la han tirado ya. Y a muchos titulares de cotos les pasa lo mismo. Ni contigo ni sin ti. El conejo ha pasado a ser un problema y dolor de cabeza crónico. Agroseguro no da abasto, y la gente se cansa de sembrar todos los años para no cosechar. Para colmo, la presencia de múltiples infraestructuras que son zonas de seguridad en donde no se puede cazar de forma eficaz multiplica el problema y convierte la lucha contra los daños en una misión imposible.
La PAC es un homenaje a la corrupción burocrática, un bodrio administrativo que nadie entiende.
Y todo ello con un telón de fondo de ruina económica prolongada en el tiempo para nuestros agricultores y cazadores, que se ve agravada por una burocracia asfixiante e inaguantable. Acierta de pleno César Lumbreras cuando habla de la PAC con la melodía de las Ketchup: «Aserejé, ja de jé…». La PAC es un homenaje a la corrupción burocrática, un bodrio administrativo que nadie entiende, que cada año se complica más a pesar de la promesa de simplificación. Y estoy seguro de que vale más el ajo que el pollo. Si nos pusiéramos a cuantificar los costes de gestionar el laberinto de la PAC, andarían a la par con lo que perciben los agricultores y ganaderos españoles. Sin hablar de la cantidad de funcionarios, consejerías, viceconsejerías, directores generales y un largo etcétera de puestos que se han multiplicado como la población de conejos al socaire de los dineros públicos.
Las comarcas de emergencia cinegética, tal y como son hoy, se han mostrado completamente ineficaces.
Al grano. Las comarcas de emergencia cinegética, tal y como son hoy, se han mostrado completamente ineficaces para solucionar un problema que ya viene de largo. El resumen es sencillo: con los medios de que se dispone en muchas zonas no se pueden atajar los daños. Es como si para acabar con un cáncer se recetasen unas juanolas o un jarabe.
Muchos de estos términos municipales son zonas ZEPA. Áreas, para los profanos, donde no se puede tocar un majano o siquiera poner un olivar sin autorización. Sin hablar de las zonas de seguridad e infraestructuras como el tren, las autovías o las vías pecuarias, que convierten en papel mojado el papel del cazador. Si las fórmulas tradicionales no sirven para solucionar el problema, si lo acrecientan (como está sucediendo), quizás las administraciones debieran plantearse que algo debe cambiar en lugar de andar con parches, remiendos y medidas que son un «quiero y no puedo». Mientras tanto, seguirá la pelea entre Agroseguro, los agricultores y los titulares de cotos, y nuestros municipios despoblándose por una agricultura cada vez menos rentable y más moribunda, en muchos sitios por este problema. Menudo cuadro.
