Hoy se cumple un año desde que el suelo de Madrid tembló bajo los pies de la caza en España. Un año desde que hicimos historia y asombramos a todo un país con nuestra capacidad de movilización y de protesta. Reunir en la capital del reino a medio millón de personas llegadas desde todos los rincones del país en una era en la que ni las reformas de pensiones, ni la extorsión tributaria, ni el endeudamiento público de los españoles que aún no han nacido, ni los delitos de malversación, ni el precio de los alimentos o el combustible han sido capaces de hacernos salir a la calle, es todo un hito. Una heroicidad que nos desveló como lo que realmente somos: un agente social con mayor capacidad de movilización que, por ejemplo, los sindicatos obreros.
Aquella marcha histórica supuso una de las mayores protestas de la legislatura contra las políticas de un Gobierno cuyo único objetivo parece haber sido sobrevivir y agotar los plazos, cueste lo que cueste. Y el precio, como todos sabemos ya, ha sido demasiado alto para la mayoría de los españoles que no votaron en las urnas a aquellas formaciones políticas minoritarias y radicales que han acabado gobernando para sí mismas, por encima y a pesar de la mayoría silenciada. Sembrando odio y huyendo del consenso y el diálogo que deberían hacer de la democracia un sistema de gobierno en el que las normas fueran redactadas siguiendo la voluntad de la mayoría. Los cazadores no olvidaremos cómo toda una ministra, Ione Belarra, nos ha llamado maltratadores de animales y nos ha acusado de enterrar cachorros en cal viva por no estar de acuerdo con una ley, su ley, en la que no nos ha permitido participar.
El 20M fue un grito de la sociedad con dos peticiones muy claras: la retirada de la ley animalista y de la reforma del Código Penal. Y ninguna de esas dos cosas ha sucedido. No lo hemos logrado. El PSOE, acorralado por sus propias promesas al sector cinegético en época de elecciones en Andalucía, introdujo una enmienda que excluía a los perros de caza de la Ley de Bienestar Animal y que, de momento, nos ha dejado fuera de la norma. Pero eso no es motivo de celebración ni de alegría. Perder por la mínima no deja de ser una derrota. Y el que pierde, siempre es un perdedor. ¿Podía haber sido peor? Claro, pero no hay nada que agradecer a quien no te da una puñalada por el simple hecho de no hacerlo. La norma ha sido aprobada y cumplirá su objetivo de institucionalizar el animalismo creando una serie de organismos que, en adelante, trabajarán por prohibir la caza desde la propia administración. Y lo harán, además, usando nuestro propio dinero.
La ley animalista ha salido adelante por vía de urgencia y sin escuchar a las partes implicadas. Ahora amenaza con llevar a la ruina a miles de autónomos y pequeñas empresas del sector de las mascotas a los que el PSOE también ha dejado solos a los pies del fanatismo animalista. Pero eso parece no preocupar demasiado a quienes han diseñado una arquitectura institucional para vivir del dinero público, faltando a sus promesas y demostrando que lo único que les importa es sacar adelante sus chiringuitos. Como no podía ser de otra manera, esta ley ha sido redactada por el dogmatismo animalista sin escuchar a expertos, juristas, biólogos, zoólogos, veterinarios, científicos ni, en resumen, nadie que realmente conociera en profundidad la materia sobre la que se iba a legislar. Como será, que ni PACMA, el partido animalista por excelencia en este país, la quiere. Hasta ellos han pedido su derogación.
Pero esto no ha sido lo peor. La reforma del Código Penal diseñada en las cocinas del animalismo de Unidas Podemos ha salido adelante tal y como planearon los históricos anticaza de la formación morada. Y lo ha hecho contando con un PSOE que se ha tomado esta medida como propia ignorando el grito de la caza el 20M. Un desaguisado legal que supone un torpedo a la línea de flotación de la actividad, al extender el delito de maltrato animal a todos los animales vertebrados del país. Una locura legislativa que no se lleva a cabo en ningún país de Europa y que ya nos ha sumergido en una inseguridad jurídica de consecuencias imprevisibles. Una reforma que, una vez más, contó con un informe negativo del Consejo General del Poder Judicial. A la vista está que no hay motivos para celebrar nada.
Llegados a este punto, solo nos queda un arma: nuestro voto. La marea naranja, esa gran masa formada por más de 500.000 almas que hace un año fueron capaces de ir hasta Madrid a pedir la retirada de las dos leyes que finalmente se han aprobado, tendrá que hacer un esfuerzo infinitamente menor dentro de muy poco: ir al colegio electoral de su pueblo y meter un sobre en una urna. No me cabe ninguna duda que esta será para quienes prometan derogar esas leyes animalistas que atacan nuestra cultura, que recortan nuestros derechos y que quieren prohibir nuestra forma de vida. Ahí sí van a conocer el poder del gigante que despertaron hace ahora un año y que no quisieron escuchar ni en las calles ni en los despachos.
Tal vez entonces tengamos algo que celebrar.