El 9 de febrero de 2023, el Congreso aprobó la polémica Ley de protección de los derechos y el bienestar de los animales. Aunque fue muy criticada por más de 800 científicos, las principales organizaciones ecologistas guardaron silencio. Recientemente, esas mismas entidades denuncian que los gatos asilvestrados están provocando graves daños en especies protegidas.
Un silencio estratégico ante una ley polémica
La Ley Animalista fue recibida con duras críticas desde diversos sectores científicos, que advirtieron de sus riesgos sobre la biodiversidad. A pesar de ello, organizaciones como SEO/BirdLife o WWF España, que suelen mostrarse muy activas en debates medioambientales, evitaron pronunciarse en su momento. Ni siquiera el día de la votación emitieron declaraciones al respecto.
Ese mismo día, mientras se aprobaba en el Congreso esta normativa, SEO/BirdLife optaba por centrar su atención en redes sociales en un proyecto cinematográfico que, según afirmaban, ponía en riesgo aves como el alimoche o la hubara. Su silencio ante la nueva ley contrasta con la habitual contundencia que emplean frente a otras actividades legales, como la caza sostenible de especies como la tórtola o la codorniz.
Colonias felinas que amenazan especies protegidas
Un año después, SEO/BirdLife cambió de tono. En una nota publicada en su página web, alertaban sobre los graves efectos de los gatos asilvestrados en ecosistemas frágiles como el de La Graciosa, una isla de Lanzarote que alberga casi un centenar de especies protegidas.
Durante una campaña realizada entre el 25 y el 28 de julio de 2024, se capturaron gatos en el marco de un programa de captura, esterilización y retorno (CER). En total, entre 2020 y 2024 los felinos mataron al menos a 172 aves, entre las que se incluyen paíños, petreles, pardelas cenicientas y hubaras, algunas en peligro de extinción. Ante esta situación, SEO/BirdLife solicita ahora que el Gobierno de Canarias actúe para evitar más daños a la fauna local.
La sombra del dinero público
El cambio de postura ha reavivado el debate sobre el silencio inicial de estas organizaciones. Una posible explicación puede encontrarse en los fondos públicos recibidos. En diciembre de 2022, los Presupuestos Generales del Estado asignaron 2,35 millones de euros a entidades ecologistas, de los cuales 700.000 euros fueron para SEO/BirdLife.
Este apoyo económico generó desconfianza entre muchos ciudadanos, que ven con recelo que entidades que se autodenominan independientes eviten criticar leyes impulsadas por el mismo gobierno que las financia. Veterinarios, biólogos e ingenieros ya habían advertido del impacto de la normativa sobre la fauna silvestre, pero los ecologistas decidieron callar.
Ahora, tras comprobar sus consecuencias directas sobre especies protegidas, alzan la voz. Pero para muchos, ese grito llega tarde. La credibilidad y las prioridades reales de algunas de estas organizaciones están siendo cuestionadas.
