El 9 de febrero de 2023, el Congreso de los Diputados aprobó el Proyecto de Ley de protección de los derechos y el bienestar de los animales, una normativa que generó una gran controversia por su impacto potencial en la biodiversidad de España. Más de 800 científicos se posicionaron en contra de esta ley, argumentando que podría amenazar diversas especies protegidas. Sin embargo, las principales organizaciones ecologistas subvencionadas por Pedro Sánchez, tan beligerantes contra la caza de la tórtola, la codorniz o con el blindaje del lobo en España, callaron ante la aprobación de la normativa de la que ahora se quejan.
El día en que se votó la ley, SEO/BirdLife, una de las organizaciones más destacadas en la protección de aves, no mencionó la normativa en ninguna de sus comunicaciones. En lugar de ello, compartieron un mensaje en Twitter solicitando la paralización de un proyecto cinematográfico en plena naturaleza «por su afección a especies en Peligro de Extinción como el guirre (alimoche) o la hubara».
Ahora, SEO/BirdLife ha decidido alzar la voz contra los efectos de la ley, específicamente en relación con los gatos asilvestrados. Según una nota de prensa publicada en su web, entre el 25 y el 28 de julio de 2024 se llevó a cabo una campaña de captura, esterilización y retorno (CER) de gatos en La Graciosa, Lanzarote. Esta isla alberga 98 especies de vertebrados terrestres protegidos, y los gatos asilvestrados han sido responsables de la muerte de al menos 172 aves entre 2020 y 2024, incluyendo especies como paíños, petreles, hubaras y pardelas cenicientas.
La misma organización que guardó silencio ante la aprobación de la ley animalista ahora solicita que el Gobierno de Canarias intervenga para evitar que los gatos asilvestrados sigan afectando a la fauna nativa.
¿Por qué callaron las principales asociaciones ecologistas?
¿A qué se debió el silencio de los que se autodenominan guardianes de la naturaleza? Quizá tuvo algo que ver la ingente cantidad de dinero público con la que el ejecutivo de Sánchez las había regado. El 20 de diciembre de 2022, el Senado aprobó los Presupuestos Generales del Estado de 2023, que aumentaron significativamente el gasto público dedicado al animalismo y al ecologismo. Las principales organizaciones ecologistas recibieron un total de 2,35 millones de euros ese año, de los que 700.000 euros fueron para SEO/Birdlife.
Este financiamiento generó una gran polémica y alimentó el rechazo de la sociedad hacia el uso de dinero público para apoyar a organizaciones que se presentan como «no gubernamentales» pero que dependen en gran medida del dinero de todos los españoles. La controversia se intensificó al considerar que estas mismas organizaciones decidieron mirar para otro lado ante una ley que había sido fuertemente cuestionada por veterinarios, biólogos, ingenieros y otros expertos en gestión del medio natural.
El silencio de SEO/Birdlife ante la aprobación de la Ley de protección de los derechos y el bienestar de los animales y su posterior queja sobre los efectos los gatos asilvestrados en la fauna autóctona de ciertas regiones llama cuanto menos la atención y plantea cuantiosas dudas sobre sus verdaderas prioridades y la influencia del financiamiento público en sus actuaciones.
