El 9 de febrero de 2023, el Congreso de los Diputados aprobó el Proyecto de Ley de protección de los derechos y el bienestar de los animales, una normativa que ha generado una gran controversia debido a su impacto potencial en la biodiversidad de España. Más de 800 científicos se posicionaron en contra de esta ley, argumentando que podría amenazar diversas especies protegidas. Sin embargo, las principales organizaciones ecologistas subvencionadas por el gobierno de Pedro Sánchez, conocidas por su beligerancia contra la caza de la tórtola, la codorniz y por el blindaje del lobo en España, guardaron silencio ante la aprobación de esta normativa, de la cual ahora se quejan.
El día de la votación de la ley, SEO/BirdLife, una de las organizaciones más destacadas en la protección de aves, no mencionó la normativa en ninguna de sus comunicaciones. En lugar de ello, compartieron un mensaje en Twitter solicitando la paralización de un proyecto cinematográfico en plena naturaleza, argumentando que afectaba a especies en peligro de extinción como el guirre (alimoche) o la hubara.
Recientemente, SEO/BirdLife ha decidido alzar la voz contra los efectos de la ley, específicamente en relación con los gatos asilvestrados. Según una nota de prensa publicada en su web, entre el 25 y el 28 de julio de 2024 se llevó a cabo una campaña de captura, esterilización y retorno (CER) de gatos en La Graciosa, Lanzarote. Esta isla alberga 98 especies de vertebrados terrestres protegidos, y los gatos asilvestrados han sido responsables de la muerte de al menos 172 aves entre 2020 y 2024, incluyendo especies como paíños, petreles, hubaras y pardelas cenicientas.
La misma organización que guardó silencio ante la aprobación de la ley animalista ahora solicita que el Gobierno de Canarias intervenga para evitar que los gatos asilvestrados sigan afectando a la fauna nativa. Este cambio de postura ha generado preguntas sobre las razones detrás del silencio inicial de las principales asociaciones ecologistas.
¿Por qué callaron las principales asociaciones ecologistas?
El silencio de estas organizaciones, que se autodenominan guardianes de la naturaleza, ha sido cuestionado. Una posible explicación podría ser la ingente cantidad de dinero público con la que el ejecutivo de Sánchez las había financiado. El 20 de diciembre de 2022, el Senado aprobó los Presupuestos Generales del Estado de 2023, que aumentaron significativamente el gasto público dedicado al animalismo y al ecologismo. Las principales organizaciones ecologistas recibieron un total de 2,35 millones de euros ese año, de los cuales 700.000 euros fueron para SEO/BirdLife.
Este financiamiento generó una gran polémica y alimentó el rechazo de la sociedad hacia el uso de dinero público para apoyar a organizaciones que se presentan como «no gubernamentales» pero que dependen en gran medida del dinero de todos los españoles. La controversia se intensificó al considerar que estas mismas organizaciones decidieron mirar para otro lado ante una ley que había sido fuertemente cuestionada por veterinarios, biólogos, ingenieros y otros expertos en gestión del medio natural.
El silencio de SEO/BirdLife ante la aprobación de la Ley de protección de los derechos y el bienestar de los animales y su posterior queja sobre los efectos de los gatos asilvestrados en la fauna autóctona de ciertas regiones llama la atención y plantea cuantiosas dudas sobre sus verdaderas prioridades y la influencia del financiamiento público en sus actuaciones. La aprobación de esta ley ha desatado una serie de reacciones y controversias que ponen en tela de juicio la coherencia y las prioridades de las organizaciones ecologistas en España.
