El Parque Nacional de Doñana, uno de los principales refugios naturales de Europa, atraviesa una situación complicada. La sobrepoblación de jabalíes y la proliferación de perros asilvestrados amenazan el equilibrio del ecosistema y comprometen la supervivencia de algunas especies emblemáticas. Esta emergencia ecológica se ha agravado tras la prohibición de la actividad cinegética, que hasta hace poco actuaba como medida de control indirecta sobre estas especies.
El precio de eliminar la caza
La desaparición de la caza en los parques nacionales fue recibida con entusiasmo por organizaciones como Ecologistas en Acción o SEO/BirdLife, que durante años lideraron la batalla para erradicarla. Su objetivo, supuestamente, era preservar la integridad de espacios naturales como Doñana, Monfragüe o Cabañeros. Sin embargo, la realidad ha puesto en cuestión los efectos de esta medida.
Desde que se suprimió la actividad cinegética, la población de jabalíes ha aumentado de forma exponencial. En ausencia de depredadores naturales y de un sistema eficaz de control, estos animales acceden sin dificultad a zonas de anidación, destruyendo huevos y polluelos de aves protegidas. La reproducción del morito común (Plegadis falcinellus) y la garza imperial (Ardea purpurea), dos especies representativas del humedal, se ha desplomado.
Perros asilvestrados: una amenaza documentada
Al problema de los jabalíes se suma ahora el de los perros cimarrones, descendientes de animales domésticos abandonados. Su presencia plantea un desafío creciente para la conservación de la fauna silvestre, ya que estos carnívoros pueden competir por recursos, depredar sobre otras especies y actuar como vectores de enfermedades.
Un estudio reciente —Perros cimarrones en el Parque Nacional de Doñana. Un estudio usando fototrampeo, ciencia ciudadana e inteligencia artificial— ha analizado durante dos años y cinco meses la distribución de estos animales en el entorno protegido. Para ello, se desplegó un sistema de entre 34 y 60 cámaras de fototrampeo, cuyos registros fueron clasificados mediante un sistema mixto de ciencia ciudadana, redes neuronales convolucionales e inspección experta.
Los resultados revelaron 33 perros detectados en 27 eventos distintos, con una clara tendencia a agruparse en manadas de entre 2 y 5 individuos. La mayor parte de los avistamientos se produjo durante el invierno de 2022, y se identificó una correlación directa entre la presencia de perros y la cercanía al núcleo urbano de El Rocío, situado en el extremo norte del parque. Cuanto menor era la distancia a esta localidad, mayor era la probabilidad de aparición de ejemplares asilvestrados.
Los autores del estudio recomiendan aplicar planes de manejo específicos para abordar esta amenaza, y destacan la eficacia del enfoque de monitoreo semiautomático —basado en cámaras trampa, participación ciudadana e inteligencia artificial— como herramienta de seguimiento de especies invasoras en áreas protegidas. Este método no solo permite una vigilancia más eficiente, sino que también aporta información relevante sobre el comportamiento de los perros en entornos naturales.
La paradoja ecologista
Paradójicamente, algunas de las organizaciones que impulsaron la prohibición de la caza son ahora las que denuncian los efectos negativos de su ausencia. El Diario de Huelva recoge sus quejas por la falta de control y por los daños que esta situación provoca en especies vulnerables. Las críticas apuntan también a la gestión actual, basada en criterios ideológicos que, según diversos expertos, no se ajustan a la realidad ecológica del parque.
La expansión descontrolada de jabalíes y perros cimarrones no solo afecta a la biodiversidad. También aumenta el riesgo de transmisión de enfermedades, altera las dinámicas entre especies autóctonas y modifica de forma profunda el equilibrio de los ecosistemas.
Además, tras la aprobación de la Ley de protección de los derechos y el bienestar de los animales, el Gobierno ha extendido el blindaje legal a los perros asilvestrados, impidiendo su control letal incluso en contextos de emergencia ecológica. Esta normativa limita aún más la capacidad de intervención de los gestores del parque, que ya no pueden recurrir a la caza como herramienta de regulación. Doñana, en consecuencia, queda abandonada a su suerte, sin medios eficaces para hacer frente a una amenaza creciente que compromete seriamente la viabilidad de su biodiversidad.
