Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Comandancia de Cáceres han culminado con éxito una investigación iniciada el pasado mes de marzo y que ha terminado con la detención de dos hombres como presuntos autores de un delito contra la flora y la fauna. La actuación se ha desarrollado en el marco de la operación «Capreoluz».
Los hechos se produjeron durante un control de tráfico en la autovía A-5, a la altura de Trujillo (Cáceres). En ese punto, los agentes fueron alertados de que desde un turismo se había arrojado una mochila a la cuneta, una maniobra claramente sospechosa que motivó el inicio de las diligencias.
Al inspeccionar el contenido de la mochila, los guardias civiles localizaron seis cabezas de corzo decapitadas recientemente, lo que evidenciaba que los animales habían sido abatidos poco antes.
Un viaje con un único propósito
Las primeras pesquisas permitieron identificar el vehículo desde el que se lanzó la mochila, un turismo blanco y de pequeñas dimensiones, y reconstruir con detalle la secuencia de los hechos. A partir de ahí, los investigadores lograron dar con los ocupantes del coche, residentes en la provincia de Huelva.
Según ha podido determinar la Guardia Civil, todo apunta a que los ahora detenidos realizaron un viaje de ida y vuelta con el único objetivo de abatir corzos de forma ilegal, posiblemente en Castilla y León. En esas fechas, la especie se encontraba en periodo de veda. Es decir, que no podía cazarse ni siquiera con un permiso legal, circunstancia que aprovecharon los furtivos para abatir animales a sabiendas de que los cazadores no aparecerían hasta el 1 de abril.
Al percatarse de la presencia policial en la A-5, los sospechosos habrían optado por deshacerse de las cabezas, arrojándolas a la vía pública con la intención de evitar ser descubiertos.
Daños a la biodiversidad y graves consecuencias penales
La Guardia Civil destaca que este tipo de hechos suponen un grave perjuicio para la biodiversidad, especialmente por producirse en una fase clave del ciclo biológico del corzo. La eliminación de machos adultos en este periodo, muchos de ellos aún sin descorrear, afecta directamente al equilibrio poblacional de la especie.
Por estos hechos, los arrestados podrían enfrentarse a penas de prisión de seis meses a dos años, además de multas de ocho a veinticuatro meses e inhabilitación para obtener licencia durante un periodo de dos a cinco años. Las sanciones se agravan al haberse cometido durante la veda.
Los daños económicos derivados de este abatimiento ilegal se han estimado en más de 21.000 euros, una cifra que refleja no solo el valor de los animales, sino también el impacto ambiental causado. La investigación continúa abierta para descartar la posible implicación de más personas.
