Tanto en el sector de la caza, como en cualquiera de las actividades que llevamos a cabo de manera habitual en nuestro día a día, es importante que tengamos un conocimiento adecuado de la legislación que las regula. Al menos, lo suficiente como para saber las sanciones a las que podemos enfrentarnos. En esta ocasión, el equipo de Jara y Sedal ha indagado en las multas impuestas en Castilla y León por destruir las tablillas de señalización de un coto de caza, algo que que sucede cada vez más a menudo por parte de personas contrarias a la actividad cinegética.
Este aspecto está recogido en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL). En concreto, lo encontramos en la Ley 4/2021, de 1 de julio, de Caza y de Gestión Sostenible de los Recursos Cinegéticos de Castilla y León.
Obstaculizar una cacería, entrar a una zona de batida señalizada o destruir las tablillas, entre las infracciones graves
Su artículo 84 es el que refleja las acciones que tienen la consideración de infracciones graves y en él es en el que nos tenemos que fijar. En su primer apartado se incluye el hecho de «impedir u obstaculizar el normal desarrollo de una acción o modalidad de caza o de controles poblacionales autorizados».
Por su parte, el segundo apartado establece como infracción grave «en el caso de cacerías colectivas, la entrada de cualquier persona ajena a la cacería a la zona de caza señalizada».
Asimismo, el artículo número 10 recoge el acto de «destruir o alterar la señalización de los diferentes terrenos previstos en la ley».
¿Qué sanciones establecen para las infracciones graves?
Sabiendo esto, ahora surge la gran pregunta que todos se plantean: ¿Cuáles son las sanciones que pueden imponerse a quienes cometen alguna de las consideradas infracciones graves?
Pues bien, esto consta en el apartado b) del artículo 91, el cual establece que, por la comisión de infracciones graves, se hará frente a multas de 2.001 a 10.000 euros. Asimismo, también señala la «posibilidad de retirada de la licencia de caza e inhabilitación para obtenerla durante un plazo comprendido entre uno y tres años».
Sin embargo, estas sanciones económicas no solo se podrán imponer a quienes destruyan dicha señalización, sino también a los propietarios que no las repongan en el plazo indicado, tal y como refleja la legislación.
