La Guardia Civil ha completado en las últimas semanas dos procesos de destrucción de armamento en Palencia y Guadalajara que, en conjunto, superan las 1.200 armas fundidas. Se trata de piezas entregadas voluntariamente, intervenidas por infracciones administrativas o prohibidas según la normativa vigente. Todas han sido reducidas a chatarra tras un proceso controlado.
En Palencia se desintegraron 719 armas procedentes de las Intervenciones de Armas y Explosivos de Palencia, Herrera y Saldaña, mientras que en Guadalajara fueron 529. En ambos casos, la Guardia Civil certificó que se habían cumplido los plazos de depósito y las autorizaciones preceptivas antes de ordenar su traslado a una empresa de fundición.
El volumen de armamento era variado: desde escopetas, rifles y armas cortas hasta navajas, cuchillos, armas de aire comprimido, piezas esenciales o defensas extensibles. La mayoría quedó completamente inservible tras su paso por hornos industriales que superan los 1.400 grados centígrados.
El proceso de fundición
El material recogido por las unidades de armas viajó hasta plantas de acero del norte del país, donde se aplicó el protocolo de destrucción regulado desde 2011. La norma exige que todas las piezas queden reducidas a masas de metal irreconocibles, un método destinado a evitar cualquier reutilización posterior. En Guadalajara, el procedimiento se realizó bajo supervisión directa de los agentes del instituto armado.
En Palencia, el listado incluía 342 armas de fuego —294 largas y 48 cortas—, además de 17 de aire comprimido, tres detonadoras, cuatro piezas fundamentales y 353 armas blancas, según detallaron fuentes del operativo. En Guadalajara, la relación abarcaba pistolas, escopetas, armas de tiro deportivo y material prohibido intervenido en actuaciones recientes.
Un trámite anual con impacto preventivo
Cada año la Guardia Civil realiza un proceso similar para retirar definitivamente de la circulación el material que ha perdido su vigencia legal o que ha sido intervenido en actuaciones policiales. El objetivo es reforzar el control sobre el parque de armas privado y garantizar que aquellas que ya no cumplen los requisitos establecidos no vuelvan al mercado.
El instituto armado recuerda que estas entregas voluntarias —que pueden realizarse en cualquier intervención de armas— permiten a los propietarios desprenderse de material obsoleto sin incurrir en infracciones. La destrucción culminada en ambas provincias cierra un procedimiento administrativo que se repite de forma periódica y que constituye una de las herramientas de control más consolidadas desde la reforma normativa de 2011. Hasta hace unos años algunas de estas piezas se subastaban, pero este procedimiento quedó suprimido y ahora todo el material se destina íntegramente a su destrucción.
