La Guardia Civil, en colaboración con la Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga, ha llevado a cabo la operación “Galete”, que ha culminado con la desarticulación de un grupo delictivo dedicado a la pesca furtiva de atún rojo. La acción ha implicado la investigación de ocho personas, acusadas de delitos contra la fauna, la salud pública, el mercado y los consumidores, además de pertenencia a organización criminal.
Este grupo operaba principalmente en las aguas de Málaga capital, donde capturaban ilegalmente atunes rojos durante la época de veda. Posteriormente, introducían estas capturas en el mercado a través de documentación fraudulenta, utilizando para ello una empresa mayorista de pescados y congelados de Málaga y restaurantes ubicados en Marbella.
Alarma en el sector pesquero
El operativo se inició gracias a las denuncias de pescadores y profesionales del sector que alertaron sobre la actividad continuada de este grupo, que actuaba de forma perfectamente organizada pese a la prohibición de pesca en esta temporada. Durante la investigación, se constató la captura furtiva de 16 ejemplares de atún rojo, con pesos que oscilaban entre los 70 y más de 200 kilos por pieza.
Además de las implicaciones legales y ecológicas, estas prácticas suponen un grave riesgo para la salud pública. Los atunes carecían de cualquier tipo de control sanitario, y su transporte se realizaba en condiciones pésimas de salubridad. Las autoridades sanitarias certificaron que algunos de los ejemplares presentaban un «riesgo grave e inminente» para la salud de los consumidores, pudiendo provocar intoxicaciones alimentarias graves.
Beneficio económico a costa de la legalidad
Según la investigación, los establecimientos implicados supuestamente eran conscientes del origen ilegal de los atunes. A través de sus actividades empresariales, habrían blanqueado la mercancía, falsificando su procedencia para obtener beneficios económicos significativos.
Entre los bienes intervenidos en la operación se incluyen dos embarcaciones de recreo, dos vehículos, cinco cañas profesionales con carretes específicos, cebos, anzuelos, hilos de pesca, dos sondas y dos bicheros. Todo este material, empleado para la captura furtiva, ha quedado a disposición judicial.
Colaboración y esfuerzos conjuntos
El éxito de esta operación ha sido posible gracias a la colaboración del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil con diversas entidades. Entre ellas destacan la Comisión de Salud Pública del Colegio Oficial de Veterinarios de Málaga, los Servicios de Sanidad Alimentaria del Ayuntamiento de Málaga, la Fundación del Aula del Mar y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Estas instituciones han aportado informes periciales fundamentales para sustentar las acusaciones contra los investigados.
El caso se encuentra actualmente bajo la investigación del Juzgado de Instrucción número 3 de Marbella, que está recopilando pruebas para esclarecer todos los detalles y determinar la responsabilidad de los implicados.
