El 9 de agosto, en la localidad de Krummhörn, en Frisia Oriental (Alemania), un aerogenerador de 37 toneladas acabó desplomado sobre el terreno después de que su propietario decidiera derribarlo utilizando varios tractores y un sistema de cuerdas. El episodio, grabado por los presentes y difundido en redes sociales, puso sobre la mesa un conflicto que lleva tiempo latente en muchas zonas rurales: el creciente rechazo a determinadas infraestructuras energéticas.
Las imágenes muestran cómo la torre metálica cede lentamente hasta caer sobre el suelo con un estruendo que se escucha a distancia. La escena, poco habitual en un país donde el desmantelamiento de aerogeneradores suele realizarse mediante empresas especializadas, generó reacciones inmediatas en la comunidad local y entre cargos públicos.
El propietario del terreno sostiene que actuó de forma legal. Afirma que el municipio le había concedido un permiso de demolición y que, antes de iniciar el derribo, se retiraron los fluidos del aerogenerador para evitar riesgos ambientales. Desde el distrito de Aurich, sin embargo, niegan esa versión. Según sus responsables, la operación «no fue profesional ni estaba autorizada» y ya existía un contrato con una empresa para proceder al desmontaje con garantías de seguridad.
La discrepancia se ha trasladado al terreno administrativo y judicial. El distrito ha ordenado restaurar el suelo y retirar los restos por la vía adecuada, mientras que la policía investiga si el permiso existía y si el derribo vulneró la normativa vigente. El caso ha despertado un debate más amplio sobre la gestión de estas infraestructuras en entornos agrícolas.
Un vídeo viral que alimenta el debate
Las reacciones no se hicieron esperar. En redes sociales circularon comentarios de apoyo al agricultor y críticas por la forma en que se ejecutó la demolición. El exdiputado alemán Ralf Dekker comentó: «Es hermoso verlo», mientras que el expsicólogo Steve van Herreweghe añadió: «No puedo evitar disfrutar esto. Desháganse de esas cosas horribles, feas y destructivas». Opiniones que reflejan un sentimiento que crece en parte del mundo rural europeo.
Ese malestar se ha intensificado en los últimos años a medida que se amplían los parques eólicos. Para algunos, estas gigantescas estructuras suponen una alteración del paisaje y una presión añadida sobre actividades agrícolas y ganaderas.
@jara_y_sedal 🚜💥 Agricultores derriban con tractores un molino eólico de 37 toneladas. ⚖️🌬️ #Agricultores #MolinoEolico #EnergíaRenovable #Polémica ♬ sonido original – Jara y Sedal
Tensiones similares en España por la expansión de las renovables
El episodio alemán coincide con un aumento de los conflictos en torno a las energías renovables en España, donde conviven más de 22.000 aerogeneradores y unas 50.000 hectáreas de parques solares. Agricultores, ganaderos y plataformas ciudadanas denuncian una planificación insuficiente y un impacto ambiental creciente, con estimaciones de hasta 4,6 millones de aves muertas al año por colisiones.
En Andalucía, la instalación de plantas solares en suelos agrícolas de alta productividad ha generado un choque frontal entre productores y promotores. En Lopera (Jaén), una macrocausa trata de frenar la tala de más de 100.000 olivos centenarios. Colectivos como SOS Rural reclaman priorizar terrenos ya degradados para proyectos energéticos y evitar un daño que consideran «irreversible» para el campo.
También el Maestrazgo, entre Teruel y Castellón, se ha convertido en símbolo del rechazo a los megaproyectos. Allí, la propuesta de instalar 125 aerogeneradores de 200 metros ha movilizado a vecinos y plataformas ciudadanas. Según encuestas locales, más del 80 % de los habitantes se opone, alertando de impactos ambientales, pérdida de identidad paisajística y falta de participación real en la toma de decisiones.
El caso de Krummhörn, aunque aislado, se inserta en una tensión creciente entre la urgencia por avanzar en la transición energética y la necesidad de proteger el territorio y a quienes viven de él. El proceso judicial abrirá ahora un capítulo clave para determinar si el derribo fue un acto amparado por la norma o una acción irregular que podría marcar precedente.
