El hallazgo, realizado en una nave de la Alcarria conquense, forma parte de una investigación que llevaba activa más de un año. Los agentes del Seprona seguían la pista de varios avisos anónimos que mencionaban movimientos nocturnos en el monte y disparos en zonas no autorizadas. La apertura del arcón congelador confirmó las sospechas: 18 trofeos de caza mayor sin rastro de documentación.
Las primeras informaciones recogidas por la Guardia Civil apuntaban a que varios individuos se movían de noche por pistas forestales utilizando focos desde vehículos para localizar animales. En aquellas semanas, tanto cazadores como vecinos trasladaron su inquietud ante la presencia de luces y motores en áreas donde esa actividad estaba prohibida. Esa suma de testimonios llevó al Seprona a desplegar un dispositivo de vigilancia que se prolongó durante los meses de mayo y julio del pasado año.
A medida que avanzaban las inspecciones, los agentes fueron encajando piezas. Detectaron desplazamientos sospechosos, localizaron restos compatibles con abatimientos ilegales y reconstruyeron posibles rutas empleadas para ocultar los animales. La investigación se amplió después a marzo y abril de este año con visitas a taxidermias de Cuenca, Guadalajara y Madrid para seguir el rastro de posibles trofeos irregulares.
El arcón que destapó el caso
El punto de inflexión llegó cuando los agentes accedieron a una nave y a un local industrial vinculados al principal sospechoso. Allí, en un arcón congelador, encontraron 15 corzos, una cabra montés, un gamo y un jabalí, todos almacenados sin control, sin registro y sin un solo documento que acreditase su procedencia legal. El material quedó intervenido de inmediato.
La investigación señala a un joven de 20 años como presunto responsable de las capturas. El Seprona lo ha puesto a disposición judicial por un delito contra la protección de la flora y la fauna. Además, se han tramitado actas por infracciones complementarias relacionadas con normativa de caza y armas.
El proceso judicial y las sanciones administrativas
El caso ha sido trasladado al Juzgado de Instrucción número 4 de Cuenca, mientras que la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible ha iniciado el procedimiento sancionador por vía administrativa. Esa doble vía —penal y administrativa— determinará las consecuencias finales para el investigado.
Fuentes de la Guardia Civil han insistido en que prácticas como esta afectan de forma grave a la fauna silvestre y generan un riesgo añadido para quienes transitan por el campo. También han subrayado el papel de los avisos ciudadanos, que resultaron esenciales para desactivar una actividad que, una vez más, nada tiene que ver con la caza regulada.
