Nueve comunidades autónomas han solicitado al Gobierno de España que no defienda nuevas restricciones a la caza de la codorniz común (Coturnix coturnix) ante las instituciones europeas. Así lo han trasladado mediante una carta conjunta remitida al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), a la que ha tenido accesos Jara y Sedal, en la que piden revisar la posición que el Estado pretende llevar al próximo Comité NADEG (Nature Directives Expert Group) de la Comisión Europea.
El encuentro del comité europeo, que se celebrará en las próximas semanas, será clave para analizar la situación de esta especie migratoria en distintos países de la Unión y valorar posibles escenarios de gestión. Entre las opciones que se están estudiando figura la introducción de restricciones adicionales a su aprovechamiento cinegético, una posibilidad que ha generado un intenso debate entre administraciones, científicos y el sector de la caza.
Según han podido conocer est medio, los gobiernos autonómicos firmantes de la carta consideran que la postura del Ejecutivo central no refleja la diversidad de criterios existentes entre las comunidades autónomas. Por ello, solicitan que España no traslade a Bruselas la idea de que existe un supuesto consenso autonómico a favor de esas restricciones.
Las comunidades piden revisar la postura del Estado
En el documento remitido al Ministerio de Agricultura, los nueve gobiernos autonómicos piden que se revise la posición que España defenderá ante la Comisión Europea en relación con la codorniz. En concreto, solicitan eliminar o reconsiderar todas aquellas medidas que impliquen restricciones automáticas, homogéneas o desproporcionadas sobre la caza de esta especie. Las comunidades consideran que ese tipo de decisiones podría afectar directamente a la capacidad de gestión que corresponde a los gobiernos autonómicos, responsables de la ordenación cinegética en sus respectivos territorios.
Además, en la carta advierten de que no se debe utilizar como argumento ante las instituciones europeas la existencia de un consenso autonómico que, según aseguran, no existe. De hecho, recuerdan que esta postura ya fue trasladada por varias comunidades autónomas a los representantes del Gobierno de España durante la reunión de la Task Force de la Comisión Europea celebrada el pasado 29 de enero.
Los firmantes también reclaman que cualquier decisión sobre el futuro de la codorniz se adopte dentro de un marco de trabajo que cuente con la participación activa de las comunidades autónomas. En ese sentido, subrayan la necesidad de que las medidas se basen en criterios técnicos suficientemente contrastados y que tengan en cuenta tanto la realidad del medio rural como la importancia social, económica y territorial de la actividad cinegética sostenible.
Nueve comunidades se oponen a las restricciones
Entre los gobiernos autonómicos que han respaldado esta iniciativa se encuentran Andalucía, Extremadura, Madrid, Murcia, Aragón, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Galicia y La Rioja, cuyos responsables en materia de medio ambiente han firmado la carta remitida al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Según ha podido saber este medio, los ejecutivos autonómicos solicitan al Gobierno central que revise la postura que España pretende trasladar a las instituciones europeas en relación con la codorniz común (Coturnix coturnix), evitando defender restricciones generalizadas a su aprovechamiento cinegético y reconociendo la capacidad de gestión que corresponde a las comunidades autónomas.
En el caso de Andalucía, esta decisión confirma además el compromiso adquirido por la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente con el sector cinegético andaluz en la defensa de los datos científicos aportados por el proyecto Coturnix, tal y como ha subrayado la Federación Andaluza de Caza en nota de prensa.
Este estudio, impulsado por la Fundación Artemisan y Mutuasport, está considerado actualmente el mayor proyecto de investigación sobre poblaciones de codorniz desarrollado en España y en Europa. Gracias a la participación de miles de cazadores y gestores cinegéticos, el proyecto recopila información a gran escala sobre la presencia de la especie en el territorio, aportando datos que el sector considera fundamentales para evaluar con mayor precisión el estado real de sus poblaciones.
