El conflicto entre una familia nómada y el Ayuntamiento del Distrito de Horsham (Inglaterra) ha llegado a su desenlace tras meses de disputa. La inspectora urbanística Elizabeth Pleasant ha confirmado que las caravanas instaladas en Staalcot Farm, a las afueras de Pulborough, no respetan el «carácter rural de la zona» y, en consecuencia, deberán ser retiradas. La resolución obliga a los tres propietarios del terreno a abandonar el asentamiento en un plazo fijado por las autoridades.
Los dueños —Tony Castle, William Hughes y Benjamin Keet— adquirieron la finca el pasado mes de enero y la parcelaron en cuatro lotes. Allí levantaron un asentamiento con casas móviles, caravanas remolcables y pequeños almacenes, pese a que el consistorio había denegado previamente el permiso para uso residencial. La situación provocó tensiones en la zona, con quejas vecinales e incluso peticiones de intervención policial.
El Ayuntamiento alega perjuicio paisajístico
El consistorio defendió desde el inicio que la magnitud del asentamiento suponía un perjuicio paisajístico al modificar de forma significativa la estética del entorno. Además, recordaba que se encontraba junto a un camino público utilizado habitualmente por vecinos y caminantes. Ante esta situación, dictó la retirada de los vehículos y la restauración del terreno en un plazo inicial de seis meses.
El recurso de los propietarios fue rechazado por Pleasant, que avaló los argumentos municipales. «El perjuicio se produce por la magnitud y el diseño de la propuesta en un entorno rural y junto a un camino de uso público», subrayó la inspectora en su informe, recogido por la BBC.
La falta de alternativas habitacionales
A pesar de su decisión, Pleasant reconoció la difícil situación habitacional que atraviesan las llamadas traveller families. En su resolución, admitió que no existe en el distrito de Horsham una reserva suficiente de suelo para este tipo de comunidades, lo que deja en situación vulnerable a varias familias, incluidos varios menores afectados directamente por el desalojo. «Sería lo mejor para los intereses de los menores que viven en la parcela permitir el recurso, y este factor, junto con la ausencia de alojamiento alternativo, suma argumentos de gran peso», reconoció la inspectora.
Sin embargo, concluyó que los perjuicios sobre el paisaje eran más determinantes. Por ello, mantuvo la orden de desalojo, aunque concedió un margen más amplio que el inicialmente previsto para que los afectados puedan buscar una solución habitacional alternativa.
Posibles salidas en el futuro
Como vía de conciliación, Pleasant sugirió que podría plantearse en un futuro un proyecto alternativo más pequeño y mejor integrado en el entorno, que redujera el impacto visual y fuera compatible con el carácter rural de la zona. Mientras tanto, el Ayuntamiento ha anunciado que estudiará con detalle el informe antes de adoptar las siguientes medidas. La incertidumbre, sin embargo, sigue marcando el día a día de las familias implicadas.
