En 2007, Jim Stevenson y Tara Tanaka decidieron comprar el lago que tenían junto a su casa en Tallahassee, Florida. No era un capricho, llevaban años viendo cómo aquel humedal de unas 18 hectáreas albergaba una fauna extraordinaria, y sabían que si no actuaban, la presión urbanística acabaría con él. Stevenson era biólogo jubilado de parques estatales; Tanaka, fotógrafa de vida silvestre. Los dos entendían que comprar el terreno era solo el primer paso.
Lo que vino después no fue poner una valla y olvidarse. Stevenson se metía en canoa a arrancar a mano el sebo chino, una especie invasora que colonizaba las zonas de aguas abiertas que los tántalos americanos o cigüeña de cabeza pelada (Mycteria americana) necesitan para alimentarse. Con el tiempo incorporaron quemas controladas en los terrenos circundantes y maquinaria para despejar la vegetación de las islas flotantes. Llegaron incluso a construir una pequeña isla de tierra para que los caimanes pudieran salir a tomar el sol, convirtiendo a estos reptiles en parte involuntaria de la estrategia de protección de las aves.
El resultado llegó con paciencia. En 2022, el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos registró 275 tántalos reproduciéndose en la propiedad, además de garzas azules, garcetas, patos de Carolina y espátulas rosadas. Entre los mamíferos conviven linces rojos, nutrias, castores, zorros, coyotes, mapaches y conejos. En 2021, Tanaka había descrito el lugar como «la única colonia de tántalos en un radio de 80 kilómetros, con hasta 275 nidos». La cigüeña de cabeza pelada había pasado de unas 20.000 parejas reproductoras en los humedales de Florida en los años treinta a menos de 5.000 en los setenta, lo que llevó a incluirla en la lista federal de especies en peligro en 1984. En febrero de 2026, el U.S. Fish and Wildlife Service anunció que su recuperación permitía proponer retirarla de esa lista.
El caso de Stevenson y Tanaka no es anecdótico. Según datos del Sistema de Seguimiento de Información sobre el Hábitat (HabITS) del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos, desde 2005 propietarios privados del sureste del país han restaurado más de 2.530 hectáreas mediante 179 proyectos orientados a beneficiar a la cigüeña de cabeza pelada y a otras especies silvestres. La iniciativa privada, bien orientada y con gestión activa del hábitat, puede mover montañas.
El caso de los cotos de caza en España
La historia de Florida no es tan lejana como parece. En España, los propietarios privados y los titulares de cotos controlan una parte enorme del territorio: los cotos privados suponen el 88% de la superficie cinegética del país, con más de 26.000 espacios que abarcan 27,6 millones de hectáreas. Eso convierte a los gestores de cotos, a los guardas y a los propietarios rurales en los actores más relevantes para la conservación real del monte, mucho más que cualquier declaración institucional. Lo que se hace o se deja de hacer en esas fincas cada temporada tiene consecuencias directas sobre la fauna que las habita.
La herramienta legal que más se acerca al modelo de Florida es la custodia del territorio, definida en la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad como el conjunto de estrategias jurídicas para implicar a propietarios y usuarios en la conservación de los valores naturales, culturales y paisajísticos de sus fincas. Las administraciones públicas están obligadas a fomentar estos acuerdos entre entidades de custodia y titulares de terrenos, tanto públicos como privados. En la práctica, según datos de Fedexcaza, existen en España más de 170 entidades de custodia con más de 13.000 acuerdos activos que cubren alrededor de 300.000 hectáreas. La Fundación Gypaetus, por ejemplo, tiene más de 30.000 hectáreas bajo acuerdos voluntarios con cotos de caza donde se aplica gestión cinegética compatible con la conservación de la biodiversidad.
Un acuerdo de custodia no implica ceder la propiedad ni renunciar al aprovechamiento cinegético. El propietario mantiene la titularidad y se compromete con un manejo pactado y evaluable: puede incluir mejora del régimen hídrico de una charca, revegetación de orillas, control de exóticas invasoras o ajuste de calendarios de acceso en épocas sensibles. A cambio, la entidad de custodia aporta asesoramiento técnico, seguimiento y, en muchos casos, acceso a financiación para obras de mejora del hábitat. En cotos de caza, integrarlo en el plan técnico facilita engranar esas actuaciones con la gestión ordinaria de la guardería.
El marco legal que protege los humedales frente al ladrillo
En España, la protección ambiental prevalece legalmente sobre la ordenación territorial y urbanística. Los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) mandan sobre los instrumentos de ordenación contradictorios, lo que significa que un plan general municipal que choque con las determinaciones de un PORN debe adaptarse a este, no al revés. Para un humedal con valores ecológicos reconocidos, esa jerarquía es un escudo real frente a cambios de uso del suelo mal fundamentados.
El Inventario Español de Zonas Húmedas, integrado en el Inventario del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad conforme al artículo 9.3 de la Ley 42/2007, recoge información sobre el número, extensión y estado de conservación de los humedales del territorio nacional. Su actualización más reciente es de octubre de 2025. Andalucía, la comunidad con más humedales inventariados, pasó recientemente de 117 a 197 zonas húmedas reconocidas, con una superficie que supera las 137.000 hectáreas. El dato importa porque la inclusión en el inventario facilita que las administraciones programen actuaciones de seguimiento y restauración, y orienta la planificación hidrológica.
Cuando un enclave alcanza la categoría de espacio natural protegido, la declaración lleva aparejada la facultad autonómica de ejercer tanteo y retracto en transmisiones de inmuebles dentro de su perímetro, lo que actúa como cortafuegos frente a operaciones especulativas en lugares sensibles. Y cualquier proyecto que pueda afectar de forma apreciable a un espacio de la Red Natura 2000 debe someterse a evaluación adecuada antes de recibir autorización. Estas herramientas no son automáticas: requieren procedimiento y norma autonómica, pero una vez activadas, sus determinaciones prevalecen.
España también restaura: el mayor proyecto LIFE de la historia
Lo que hizo una pareja en Florida con 18 hectáreas y mucho trabajo de campo tiene su equivalente institucional en España, aunque a otra escala. En febrero de 2026, el Ministerio para la Transición Ecológica presentó el proyecto LIFE Humedales, el mayor programa financiado hasta ahora por el fondo LIFE de la Unión Europea, con un presupuesto que superará los 271 millones de euros. Durante los próximos diez años se restaurarán más de 26.100 hectáreas en 284 actuaciones repartidas por 107 espacios de la Red Natura 2000 en las 17 comunidades autónomas. Las medidas incluyen restauración hidromorfológica, control de especies invasoras, mejora de la vegetación ribereña, retirada de residuos e instalación de infraestructuras para la fauna.
El proyecto lo lidera el MITECO con 24 socios, entre ellos 12 comunidades autónomas y organizaciones como SEO/BirdLife, WWF España, Fundación Global Nature y Fundación Naturaleza y Hombre. La Fundación Biodiversidad coordina la operativa. No es un programa de conservación genérica: las actuaciones son concretas, localizadas y evaluables, exactamente el tipo de gestión activa que convirtió el lago de cipreses de Tallahassee en un refugio para cientos de aves.
Un informe previo del MITECO sobre 78 proyectos de restauración ejecutados en España durante los últimos veinte años ya revelaba que esas intervenciones habían supuesto un aumento de al menos 18.000 hectáreas de superficie de humedal. El potencial existe; la clave, como en Florida, es la gestión activa y el compromiso de quienes tienen la tierra en sus manos.
Caza y humedales: compatibilidad con reglas claras
Para el cazador y el titular de coto, la restauración de un humedal no es una amenaza sino una oportunidad, siempre que se conozcan las reglas. La más importante en términos prácticos: en zonas húmedas incluidas en la Lista Ramsar, en espacios de la Red Natura 2000 y en humedales de espacios naturales protegidos, la Ley 42/2007 prohíbe la tenencia y el uso de munición con plomo durante la caza y el tiro deportivo. Cumplirla es innegociable y obliga a planificar la temporada con alternativas no tóxicas. Sobre los efectos del plomo y las transiciones a otros materiales, Jara y Sedal ha analizado el debate en profundidad: investigación sobre munición de plomo.
Más allá de esa restricción, la experiencia de campo en cotos con humedales bien gestionados apunta en una dirección clara: un humedal en buen estado sostiene mejor las poblaciones de conejo y perdiz en su entorno, mejora la disponibilidad de agua para la fauna y atrae aves acuáticas que enriquecen el ecosistema sin competir con las especies cinegéticas principales. La gestión activa del hábitat, el control de exóticas y el mantenimiento de la lámina de agua no son tareas de conservacionistas ajenos al monte: son parte del oficio de quien gestiona bien un coto.
La referencia legal de fondo para quien quiera explorar estas posibilidades es la Ley 42/2007, que articula el Inventario de Zonas Húmedas, la custodia del territorio, la prevalencia ambiental sobre el urbanismo y la evaluación de repercusiones en Natura 2000. El primer paso práctico es revisar si la charca o laguna de la finca figura en el inventario autonómico o nacional, consultar a la confederación hidrográfica si hay afecciones de dominio público hidráulico, y contactar con una entidad de custodia para explorar un acuerdo voluntario. No hace falta esperar a que llegue el ladrillo para actuar.
