El incidente se produjo a finales de noviembre en el término municipal de Casas de Millán, en Cáceres, cuando una patrulla de la Guardia Civil, que realizaba tareas de seguridad ciudadana, recibió el aviso de la presencia de varias personas lanzando artefactos pirotécnicos dentro de una finca privada. Según la información recabada por los agentes, el objetivo era desplazar a los animales hacia una finca colindante en la que estaba prevista la celebración de una montería.
Al llegar a la zona señalada, los agentes pudieron escuchar con claridad entre cuatro y cinco detonaciones procedentes del interior de la finca. Minutos después, desde una posición segura, observaron cómo un grupo de ciervos corría hacia la finca vecina, «presumiblemente huyendo tras las detonaciones», según informó la Guardia Civil. La escena confirmó las sospechas iniciales sobre el uso de cohetes para alterar el movimiento de la fauna silvestre.
Los agentes establecieron entonces un dispositivo discreto para localizar a los posibles responsables. Durante estas labores detectaron un vehículo que avanzaba desde la zona donde se habían registrado las explosiones. Al detenerlo, identificaron a su conductor y al acompañante, quienes aseguraron que se encontraban en el lugar «preparando los puestos» para una montería que se iba a celebrar en la finca colindante.
En la parte trasera del vehículo localizaron varios cohetes material que, según los agentes, «podría haber sido empleado para vaciar la mancha de la finca afectada y así incrementar la presencia de animales en la finca donde planeaban celebrar la montería».
Una infracción muy grave según la Ley de Caza
El uso de métodos pirotécnicos para alterar el comportamiento de la fauna supone una infracción muy grave según la normativa autonómica. La Ley de Caza de Extremadura prohíbe expresamente cualquier práctica destinada a forzar la salida o el movimiento de animales con medios no autorizados, ya que altera el equilibrio cinegético y perjudica la gestión de las manchas.
Este tipo de actuaciones, además de competir de manera desleal con otras explotaciones cinegéticas, genera un impacto directo sobre el comportamiento natural de la fauna y puede provocar situaciones de riesgo en fincas colindantes o vías próximas.
Actuación remitida a la autoridad competente
Tras recopilar toda la información y levantar el acta correspondiente, la Guardia Civil remitió el caso a la autoridad competente, que será la encargada de valorar la gravedad de los hechos y determinar las posibles sanciones. La investigación queda ahora en manos del órgano administrativo responsable, que deberá decidir sobre la responsabilidad de los dos identificados.
