Hace más de un año alerté en este mismo medio sobre la crisis en el Parque Nacional de Cabañeros debido a la sobrepoblación de ungulados que sufre y la negativa de la Administración española a permitir una gestión adecuada. Hoy, lamentablemente, la situación no ha mejorado, y la inacción del Gobierno de España está amenazando uno de los ecosistemas más valiosos de Europa.
El Parque Nacional de Cabañeros, situado en Castilla-La Mancha, forma parte de la Red Natura 2000, lo que implica una protección medioambiental rigurosa según la normativa europea. En 2014 España aprobó la Ley de Parques Nacionales 30/2014, que declara incompatible la caza en los parques nacionales tras una moratoria de seis años que finalizó en 2020. Desde entonces los propietarios no han recibido indemnizaciones ni se han implementado medidas alternativas para controlar las poblaciones animales.
Sin una correcta gestión y la imposibilidad de cazar, parques nacionales como el de Cabañeros han experimentado una explosión incontrolada en las poblaciones de ungulados, lo que está causando graves daños a un espacio de alto valor ecológico. La situación a la que se ha llegado tras algo más de tres años de prohibición de la actividad cinegética en Cabañeros pone en riesgo la conservación y supervivencia de las formaciones vegetales incluidas en los Hábitats de Interés Comunitario del Parque Nacional.
El proceso iniciado, que está en pleno desarrollo, conduce a una reducción progresiva de la biodiversidad que afecta tanto a la vegetación como a la fauna, y, por lo tanto, supone una agresión muy relevante a los valores naturales que se pretenden preservar bajo la figura de Parque Nacional.
Crisis ambiental y perjuicio económico para las comunidades locales
El problema de Cabañeros tiene un fondo mayor, dado que ha generado una crisis ambiental pero también un obstáculo económico y social para las comunidades locales que dependen del parque. Las restricciones gubernamentales han paralizado toda la actividad económica local que antes estaba asociada a la caza, –gasolineras, hoteles, restaurantes, etc.– de esta parte de la ‘España vaciada’. Y no hace falta un informe económico que nos lo diga, pues si eres cazador piensa en cuánto te dejas en servicios cuando cazas y lo positivo que es para los pueblos en los que lo haces.
Conscientes del problema, en 2022 la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha planteó a los propietarios de las fincas la insólita propuesta de ejecutar un plan de caza urgente que implicaba una actividad cinegética frenética con casi 5.000 capturas en 28 días mediante la modalidad de rececho y aguardo nocturno. La propuesta obviamente fue rechazada por los propietarios por ser inviable desde un punto de vista técnico, jurídico y económico.
Finalmente, en junio de 2023, la Administración publicó un Plan de Gestión de Ungulados, donde se reconoce que hay que cazar en Cabañeros, pero que carece de cualquier efecto práctico hasta la fecha, ya que exige para su aplicación la previa celebración de acuerdos entre la Administración y los titulares de derechos afectados. Estos acuerdos no se han celebrado, pues la Administración mira para otro lado, lo que implica que llevamos tres temporadas completas de caza en las que no se ha podido realizar ninguna actuación cinegética, y vamos para una cuarta.
Denuncia ante la Comisión Europea
Hondamente preocupados por la inacción de la Administración española, que parece que le da igual, y viendo que sus fincas y los ecosistemas que las conforman están siendo destrozados, la Asociación de Afectados por el Parque Nacional de Cabañeros (AAPNC) ha presentado una denuncia formal ante la Comisión Europea, señalando la «gestión deficiente y negligente» del parque por parte del Gobierno de España.
La AAPNC ha urgido a la Comisión Europea a intervenir para salvar este espacio natural del estado de desamparo en que se encuentra, presentando informes técnicos y pruebas gráficas que demuestran la «terrible degradación de los ecosistemas» del parque. Los expertos opinan que la falta de acción contraviene la legislación española y los mandatos de conservación europeos, incluyendo la Directiva Hábitats y la Directiva Aves de la Unión Europea.
Si miramos la postura de los ecologistas radicales nos enfrentamos a una incongruencia fuera de lugar, pues parece que prefieren sacrificar un ecosistema que ha costado décadas en crearse en lugar de gestionarlo mediante la caza. Tampoco podemos buscar una justificación en un imperativo legal, ya que, irónicamente, parece que en España es posible realizar el control de poblaciones mediante la caza en los parques nacionales.
Un claro ejemplo es el Parque Nacional de Monfragüe, donde, gracias a la iniciativa de la Federación Extremeña de Caza y la cooperación entre la Administración Extremeña, las sociedades de cazadores locales y otros actores involucrados, la temporada pasada se llevaron a cabo las primeras batidas para el control de poblaciones. Esta voluntad de colaboración demuestra que es posible encontrar soluciones prácticas que encajan con la conservación del ecosistema.
Necesitamos creer en el valor de las instituciones europeas
Durante el último período legislativo, la Comisión Europea puso en marcha la Estrategia de Biodiversidad 2030 de la Unión Europea, enmarcada dentro del Pacto Verde Europeo. Este plan tiene como meta mantener ecosistemas y recuperar aquellos que han sufrido degradación, en particular los que cuentan con una alta capacidad para la captura y almacenamiento de carbono. Durante los últimos cinco años la Comisión Europea ha proclamado con vehemencia que hay que cuidar los ecosistemas y la naturaleza, algo que hemos visto impregnado en cada nueva directiva, norma, acto o reglamento de la UE.
No me quiero imaginar qué pasaría en Bruselas si mañana los propietarios de las fincas de los parques nacionales se pusieran a talar cientos de árboles o al ayuntamiento de la localidad se le ocurriera construir una carretera que atravesara un parque y la Administración no hiciera nada. Estoy seguro de que una montaña de denuncias como la que ha presentado la AAPNC inundaría los despachos de la Comisión Europea.
Los ciudadanos europeos necesitamos creer en el valor de las instituciones europeas. Es imperativo que la Comisión Europea demuestre su compromiso auténtico con la protección de los espacios naturales y este compromiso no debe manifestarse únicamente cuando estos espacios se ven afectados por las malas acciones de las personas, sino también cuando sufren debido a la inacción de la Administración.
