En el verano de 1911, mucho antes de que existiera el concepto moderno de gestión cinegética, una revista de cazadores ya exigía mano dura contra quienes esquilmaban las codornices fuera de la ley. Lo hacía en su número 2, en un texto breve pero contundente que hoy funciona como una fotografía incómoda y a la vez reivindicativa: la de un sector que, desde sus orígenes como colectivo organizado, entendía que cazar con futuro exigía primero perseguir a quien hacía trampas.
La publicación era Caza y Pesca, editada por la Asociación General de Cazadores y Pescadores de España. Aquel año arrancaba su andadura como revista de periodicidad quincenal dedicada a informar de la vida interna de la asociación, de concursos, de legislación y de todo lo relacionado con la caza y la pesca. En ese contexto, con apenas dos números publicados, la redacción decidió usar sus páginas para algo más que crónicas de cacerías: para denunciar.
Redes y lazos en la sierra de Madrid
El texto original arrancaba con una noticia en apariencia positiva: había constancia de una entrada masiva de codornices en ciertas provincias, y las lluvias y temperaturas de aquellos días favorecían el campo, lo que hacía prever que los aficionados encontraran en agosto buenas jornadas. Pero esa expectativa se torcía de inmediato con una advertencia que daba sentido real al artículo. La revista lo explicaba sin rodeos: «De suponer es, repetimos, pero para ello se hace necesario que las autoridades pongan coto á las infracciones y abusos que ya se están cometiendo, pues nos consta que en la sierra y campos de los alrededores de Madrid cazan ya codornices con redes y lazos».
No se quedaba en la queja. La redacción anunciaba su propósito de identificar a los responsables de aquellas capturas con ánimo de lucro: «Nos proponemos perseguir sin descanso á estos infractores de la ley que cazan por lucro, valiéndose de malas artes, pues estamos dispuestos á no dejarlos vivir en paz». Y cerraba el artículo pidiendo ayuda directa a sus lectores, en una llamada a la colaboración que hoy reconocería cualquier guarda de coto: «Al efecto, rogamos a cuantos tengan noticia de tales abusos, que nos los comuniquen, para citar los casos y conseguir su castigo».
La noticia distinguía con claridad entre el cazador que esperaba su turno legal en agosto y quien adelantaba la temporada con redes y lazos para vender el género. Esa frontera, entre el aprovechamiento respetuoso y el furtivismo por negocio, es la misma que sigue marcando hoy la diferencia entre caza y expolio.
Qué ley protegía —o no— a la codorniz en 1911
En 1911 España regía su actividad cinegética por la Ley de Caza de 16 de mayo de 1902 y su reglamento de aplicación, aprobado por Real Orden el 3 de julio de 1903. Aquella norma fue, según reconoció después el propio legislador, la respuesta a la necesidad de armonizar los problemas que ya entonces planteaba la actividad cinegética, y estuvo vigente hasta que la sustituyó la Ley de Caza de 1970. El reglamento de 1903 regulaba los terrenos acotados, los vedados y las condiciones para ejercer la caza, aunque las fuentes consultadas para este artículo no detallan el artículo concreto que fijaba periodos hábiles o sanciones específicas para la captura de codorniz con redes o lazos en el entorno de Madrid. El propio texto de 1911 ya calificaba esas prácticas de infracción, lo que indica que la normativa de la época prohibía expresamente ese tipo de capturas.
Una pequeña migradora que sigue marcando el verano cinegético
La codorniz común (Coturnix coturnix) es la única ave galliforme migradora de Europa. Pasa el invierno al sur del Sáhara y cruza el Mediterráneo cada primavera para criar en los campos españoles, donde su plumaje terroso la hace casi invisible entre los cultivos de cereal, la alfalfa y los pastizales. Es, además, una de las especies cinegéticas más populares del verano, protagonista de la media veda y de los lances con perro de muestra que durante generaciones han definido las primeras salidas al campo tras el calor de julio.
Su carácter esquivo y migratorio la convierte también en una de las aves más difíciles de censar con precisión, un problema que ha condicionado buena parte del debate reciente sobre su estado de conservación en España.
Del furtivo denunciado al cazador que aporta datos
Más de un siglo después de aquella denuncia, la forma de implicarse en la protección de la codorniz ha cambiado por completo, aunque el fondo —que el futuro de la especie depende también de quien la caza— sigue siendo reconocible. El ejemplo más claro es el Proyecto Coturnix, una iniciativa de ciencia ciudadana impulsada por Mutuasport con la colaboración de la Fundación Artemisan, la Real Federación Española de Caza y las federaciones autonómicas de caza, que desde 2020 trabaja en el seguimiento y la gestión sostenible de la especie.
El proyecto no se limita a recoger opiniones: construye una red de censos, anillamiento, seguimiento de jornadas de caza y recogida de muestras biológicas con la participación directa de cazadores en todo el territorio nacional. Según su memoria más reciente, desde su puesta en marcha en 2020 los colaboradores han recopilado más de 65.000 muestras biológicas de alas de codorniz procedentes de dieciséis comunidades autónomas, han aportado información de más de 12.600 jornadas de caza y han notificado la recuperación de 357 anillas. El análisis de esos datos ha permitido concluir que España lleva a cabo, según las entidades impulsoras del proyecto, un aprovechamiento cinegético sostenible de la especie, con excedentes poblacionales en las principales biorregiones del territorio nacional.
Ese trabajo cobra especial relevancia en un momento en que la Unión Europea estudia limitar la caza de codorniz por la caída de sus poblaciones. El Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos ha señalado que los índices de seguimiento muestran un claro descenso en toda Europa y en todas las rutas migratorias en las últimas décadas, aunque atribuye buena parte de ese declive a la transformación agrícola más que a la actividad cinegética. Frente a esa lectura, la Real Federación Española de Caza defiende que los datos del Proyecto Coturnix, aportados por miles de cazadores, muestran una población estable e incluso en repunte en los últimos años, y nueve comunidades autónomas han trasladado al Ministerio para la Transición Ecológica su rechazo a restricciones que consideran faltas de respaldo científico suficiente.
La hemeroteca de Jara y Sedal ha seguido de cerca esta evolución. El informe correspondiente a 2023 ya reflejaba que el estado de conservación de la codorniz en España es bueno, con una razón de sexos balanceada y un aprovechamiento sostenible en todo el territorio nacional. Más recientemente, este medio ha contado cómo seis países europeos han realizado el primer censo simultáneo de codorniz de la historia utilizando un método desarrollado por los propios cazadores españoles, y ha repasado en detalle las claves del debate europeo en el artículo ¿Podremos seguir cazando las codornices?
Entre la denuncia de 1911 y los censos digitales de hoy hay más de un siglo de diferencia tecnológica, pero el mensaje de fondo conecta ambos momentos: un cazador que respeta la ley necesita que se persiga al que no lo hace, y necesita también conocer de verdad a la especie que persigue. Aquella redacción madrileña que pedía ayuda a sus lectores para «citar los casos y conseguir su castigo» no manejaba datos de anillamiento ni transectos de censo, pero ya entendía que la caza sin reglas termina devorándose a sí misma.
