El anuncio del Ministerio de Juventud e Infancia ha encendido todas las alarmas en el sector cinegético. La posible reforma legal que impediría que los menores asistan o participen en jornadas de caza ha sido recibida como una amenaza directa a la continuidad de una actividad profundamente arraigada en el medio rural español.
La Real Federación Española de Caza (RFEC) ha confirmado que movilizará todos sus recursos para frenar una iniciativa que, de salir adelante, afectaría a cientos de miles de familias y pondría en jaque el futuro del colectivo. El organismo federativo entiende que se trata de una medida desproporcionada y carente de base técnica.
Desde el sector se insiste en que el contacto temprano con la actividad cinegética ha sido, históricamente, una vía natural de transmisión de valores, conocimientos y respeto por el entorno, especialmente en zonas rurales donde forma parte de la vida cotidiana.
Una reforma que amenaza el relevo generacional
La iniciativa partiría del Ministerio que dirige Sira Rego y se articularía mediante una ampliación de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI). Según el planteamiento ministerial, los menores estarían expuestos a riesgos físicos, psicológicos y emocionales al asistir a jornadas de caza.
La RFEC subraya que no se han presentado datos objetivos ni estudios científicos que respalden estos argumentos y denuncia que la propuesta se apoya únicamente en postulados ideológicos contrarios a la actividad cinegética. A su juicio, impedir la presencia de menores supondría cortar de raíz el relevo generacional, algo que consideran letal para el sector.
Desde la federación recuerdan que más de medio millón de cazadores practican la caza en España y que una gran parte de ellos se iniciaron desde la infancia sin que ello haya supuesto perjuicio alguno, ni físico ni psicológico.
Movilización política y recuerdo de la marea naranja
Además de solicitar información detallada al Ministerio de Juventud e Infancia, la RFEC iniciará una ronda de contactos políticos a todos los niveles con el objetivo de frenar lo que califican como un ataque frontal a la libertad de los cazadores.
La federación compara la gravedad de esta propuesta con el proyecto de Ley de Bienestar Animal que, en marzo de 2022, sacó a las calles de Madrid a más de 800.000 personas en la conocida marea naranja, una de las mayores movilizaciones del mundo rural en la historia reciente.
El presidente de la RFEC, Josep Escandell, ha sido especialmente claro al respecto: «Apelamos al sentido de la responsabilidad del ejecutivo y del principal partido del Gobierno y a su vínculo con el mundo rural para que pongan freno a una iniciativa que, de consolidarse, provocaría una fortísima confrontación con el sector cinegético. Exigimos coherencia con la estrategia nacional cinegética, en la que una amplia mayoría del parlamento se comprometió a velar por la continuidad de la actividad, que no será posible sin relevo».
Escandell concluye con un mensaje contundente: «No permitiremos bajo ningún concepto que se atente contra la libertad y el derecho de educar a nuestros hijos en consonancia con nuestros valores».
