La posibilidad de que la Unión Europea avance hacia una prohibición generalizada de la munición de plomo en la caza ha encendido las alarmas en el sector cinegético español. A pocos días de que el Parlamento Europeo y los Estados miembros debatan una propuesta impulsada en el marco del Reglamento REACH, la Real Federación Española de Caza (RFEC) ha solicitado al Gobierno de España que se oponga a cualquier restricción que no esté respaldada por estudios científicos concluyentes y alternativas técnicas contrastadas.
La organización considera que el debate llega en un momento en el que todavía no se han resuelto numerosas dudas sobre la viabilidad de los materiales alternativos al plomo ni sobre sus posibles efectos en la seguridad, la eficacia de la actividad cinegética y el bienestar animal. Por ello, reclama que cualquier decisión se adopte sobre bases técnicas sólidas y teniendo en cuenta el impacto que tendría sobre miles de cazadores y empresas vinculadas al sector.
Según explica la RFEC, la propuesta europea plantea nuevas limitaciones al uso del plomo en la actividad cinegética sin que existan pruebas concluyentes de que las alternativas disponibles reduzcan realmente el riesgo toxicológico y mantengan al mismo tiempo las garantías necesarias para una práctica segura.
Además, recuerdan que algunos de los materiales planteados como sustitutos no son compatibles con todas las armas actualmente en uso, lo que obligaría a numerosos cazadores a realizar importantes inversiones o incluso a dejar de utilizar determinados equipos.
Temor a un fuerte impacto sobre la actividad
Desde la RFEC se insiste en que una transición acelerada podría generar consecuencias económicas relevantes para fabricantes de munición, armerías, distribuidores y otros negocios relacionados con la caza. También alertan de que las restricciones podrían afectar directamente a la continuidad de la actividad en determinados territorios.
En este sentido, la RFEC cita un estudio de la Federación Europea de Tiro Deportivo (ESSF), elaborado a partir de más de 18.000 encuestas, según el cual un 25 % de los cazadores podría abandonar la actividad si se produjera una prohibición generalizada del plomo, mientras que un 30 % reduciría significativamente su práctica.
El presidente de la RFEC, Josep Escandell, ha defendido la necesidad de encontrar un equilibrio entre la protección ambiental y el mantenimiento de una actividad que considera fundamental para la gestión del medio natural. «El objetivo debe ser compatibilizar la protección del medio ambiente con la realidad de una actividad que contribuye a la conservación de los ecosistemas, al control de poblaciones de determinadas especies y a la prevención de problemas como los daños agrícolas o la expansión de enfermedades como la Peste Porcina Africana», señala.
Críticas a la postura del MITECO
La federación también ha mostrado su desacuerdo con la posición que, según denuncia, ha mantenido el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) durante la tramitación de la propuesta en Europa. Los representantes del sector consideran que las aportaciones técnicas realizadas por los cazadores españoles no han sido suficientemente tenidas en cuenta y lamentan la ausencia de un proceso de diálogo orientado a diseñar una transición gradual y consensuada.
Para la RFEC, cualquier modificación normativa de este alcance debería contar con la participación de cazadores, industria armera, expertos técnicos y administraciones públicas. Además, defiende que cualquier cambio debe ir acompañado de medidas que permitan una adaptación progresiva y una evaluación real de las alternativas existentes antes de imponer nuevas obligaciones.
Una petición directa al Gobierno antes del debate europeo
Con la reunión europea prevista para la próxima semana cada vez más cerca, la federación ha intensificado su llamamiento al Ejecutivo español para que adopte una postura contraria a la prohibición mientras no existan soluciones plenamente desarrolladas y validadas.
«Ante el próximo debate europeo, los cazadores reclaman al Gobierno de España que defienda una posición responsable y que no apoye restricciones que puedan comprometer el futuro de la actividad cinegética sin que existan previamente soluciones técnicamente contrastadas, seguras y viables», concluye Escandell.
