El Gobierno de Cantabria ha autorizado abatir este año 34 lobos, dentro del plan regional de gestión de la especie, a través de una resolución que saldrá publicada en el Boletín Oficial que establece el cupo de extracción de ejemplares entre el 1 de agosto de este año y el 31 de julio de 2022.
La medida fija una tasa de extracción máxima de animales del 20% de los ejemplares estimados de la especie, la misma que se aplicó la temporada pasada, lo que se hará mediante la actividad cinegética ordinaria durante las batidas de jabalí o mediante actuaciones realizadas por el personal de la Dirección General de Biodiversidad, Medio Ambiente y Cambio Climático.
El consejero cántabro de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Guillermo Blanco, ha defendido en rueda de prensa que la medida responde a la necesidad de dar respuesta al incremento de daños causados por esta especie en la ganadería extensiva de Cantabria y a la consolidación de su presencia en zonas «muy poco apropiadas», tales como el área costera occidental, y a sus niveles «muy altos» en lugares de presencia habitual.
En este sentido, Blanco ha señalado que entre el mes de julio de 2020 y el 30 de abril de este año se han producido en Cantabria 694 ataques de lobo, que han provocado la muerte de 1.210 cabezas de ganado y heridas a otras 66.
La especie «se ha multiplicado por seis» en la región
Ha alertado del incremento de la población del lobo en Cantabria hasta el punto de que en los últimos treinta años la especie «se ha multiplicado por seis», al pasar de tres grupos de lobo en 1988 a los 20 detectados en la actualidad, una manada más que el año pasado localizada en el sur de la región, que comparte siete con comunidades autónomas vecinas.
Además, a preguntas de los periodistas, el consejero ha reafirmado la postura del Gobierno de Cantabria de rechazar «de manera absoluta» la orden del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para incluir a todas las poblaciones del lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE).
Blanco ha reiterado que, si se materializa esa orden, Cantabria recurrirá a los tribunales para se adopten medidas cautelares que paralicen la decisión porque, según ha explicado, «su entrada en vigor haría decaer» el plan de gestión, que se tendría que rehacer «para amoldarle a las nuevas necesidades»», y ha insistido en sus críticas a una medida «ideológica y acientífica» tomada desde «despachos urbanitas alejados de los pueblos».
