La caza puede ayudar a la reconstrucción económica de España tras el COVID-19. Es momento de sumar y de dejar a un lado ideologías que dan la espalda al mundo rural y a la realidad.
Es curioso la cantidad de analogías que podemos establecer entre el coronavirus y la crisis que él mismo ha desencadenado. Porque esta maldita enfermedad no sólo afecta a las personas, también ha infectado a la economía, provocando que evolucione a un cuadro de extrema gravedad. Y a estas alturas, por desgracia ya sabemos qué pasa cuando esto sucede: el paciente necesita atención médica urgente, empleando los pocos tratamientos que, en la praxis, han demostrado ser efectivos.
No es momento de curanderos ni chamanes. Su futuro pasa por las manos de un doctor y dosis de remdesivir, cloroquina, ritonavir o cosas así. Cuando toca elegir entre vivir o morir, las ideologías vuelven al lugar del que nunca deberían haber salido. Se nos pasa la tontería, dicho de forma más sencilla.
La crisis del coronavirus ha hecho evidente la necesidad de cazar. Toda la sociedad ha comprendido que el papel de los cazadores en la regulación de las especies es fundamental. Pero ahí no acaba el servicio que nuestra actividad ofrece al país. Aún podemos hacer más.
La caza genera 6.475 millones de euros y emplea a 187.000 personas en España, lo que supone un 0,3% del PIB. Lo hace, además, ahorrando millones de euros a las arcas públicas en concepto de control de especies e indemnizaciones por atropellos o daños a las cosechas. Los cazadores creamos riqueza, fijamos población… La importancia de nuestro sector debe ser reconocida y tomar parte activa en la durísima tarea de la reconstrucción económica de este país. Como subsector del sector primario que somos, podemos ayudar a salir del hoyo.
Por eso, resulta absurdo prohibir la caza en los parques nacionales. ¿Tenemos los españoles dinero para para pagar por ello? Máxime cuando la Comisión Europea ya ha reconocido que esta actividad es compatible con esa figura de protección.
No menos inquietante resulta saber que el tratamiento planteado por el Gobierno para curar al paciente es una ley dictada por ecologistas, que, entre muchas otras cosas, han sugerido subir los impuestos a la caza y torpedear esta actividad para acabar con ella. No sé ustedes, pero yo creo que no es momento de inyectarse lejía ni de beber desinfectantes…
