Por FEDEXCAZA
Ocho de los ayuntamientos encuadrados en el Área de Influencia Socioeconómica del Parque Nacional de Monfragüe no han respaldado la prohibición de la caza en este espacio prevista en la actual Ley de Parques Nacionales, una prohibición que de no modificarse la ley entraría en vigor a finales de este año, con la obligación de indemnizaciones millonarias para los propietarios y el cese de ingresos para los negocios locales.
En concreto, se estima que la entrada en vigor de la prohibición podría costar en torno a 320 millones de euros en indemnizaciones, a lo que se suma que la administración tendrá, previo pago, que contratar cuadrillas de controladores de poblaciones.
Por eso, los ayuntamientos de Serradilla, Serrejón, Deleitosa, Casas de Millán, Higuera de Albalat, Romangordo, Toril y Malpartida de Plasencia han aprobado en sus respectivas sesiones plenarias la moción presentada por la Federación Extremeña de Caza que defiende una modificación de esta normativa.
Así, según explica la moción, se plantea un cambio legislativo para que en el texto «la caza sostenible no sea incompatible con la conservación y gestión del espacio, sino muy al contrario, útil para que con una adecuada gestión y planificación ayude al mantenimiento de los valores naturales de los Parques». Al mismo tiempo esta modificación pretende dar cumplimiento al artículo 5 de la mencionada Ley, que establece entre los objetivos de la declaración de un parque nacional «el desarrollo sostenible de las poblaciones implicadas, en coherencia con el mantenimiento de los valores culturales, del patrimonio inmaterial y de las actividades y usos tradicionales consustanciales al espacio».
La moción se basa en el informe sobre la situación socioeconómica de las poblaciones dentro del ámbito de influencia del Parque Nacional de Monfragüe, firmado por Juan Ignacio Rengifo profesor de Departamento de Artes y Ciencias del Territorio de la Universidad de Extremadura, Jesús Francisco Santos del Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio de la Universidad de Castilla la Mancha y Manuel Gallardo Casado de la Federación Extremeña de Caza. Un informe que señalaba que «la preocupante y crítica situación de las poblaciones del ámbito de influencia del Parque de Monfragüe, y por ende de sus pobladores, aconseja tomar medidas para que sus ciudadanos y ciudadanas no vean amenazado su futuro y el de generaciones venideras por los fantasmas de la despoblación, el paro o la falta de oportunidades».
Los datos de Monfragüe
Hay que recordar que en Monfrague habitan en torno a 12.700 personas, número que no deja de decrecer, en 15 municipios con una densidad de población de 6,5 hab/km2, lo que en geografía humana se conoce como un desierto demográfico, incluyéndose dentro de las regiones de muy baja densidad de población en el marco de la Unión Europea. Cifras que reflejan la magnitud del grave riesgo de despoblamiento de estos espacios y la necesidad de adoptar medidas urgentes para revertir la tendencia.
Por otro lado, el crecimiento vegetativo negativo generalizado, elevados índices de envejecimiento y sobreenvejecimiento, altas tasas de dependencia y pirámides de población claramente regresivas, ofrecen un panorama preocupante.
Económicamente hay que reseñar que los habitantes que residen en los municipios localizados en el Parque Nacional de Monfragüe han sufrido un retroceso en su renta familiar disponible durante el periodo estudiado.
En cuanto al paro, en el conjunto del territorio de Monfragüe la cifra de parados ha pasado de 757, en el año 2007, a 1.385, en el año 2017. «Esto indica en el territorio falta de oportunidades laborales que en poblaciones de tamaño demográfico exiguo como las analizadas, supone un problema importante».
La moción trata de evitar que se cace «a costa del erario público»
Ante este escenario, la moción de FEDEXCAZA pregunta «si se pueden permitir los municipios que integran el Parque Nacional de Monfragüe y el de Cabañeros renunciar a un aprovechamiento de gran trascendencia económica, como es la caza, si se hace de acuerdo bajo los principios de la sostenibilidad». La respuesta es «un no rotundo».
Por eso, «parece claro que no se debería renunciar a actividades de carácter económico que poseen un bajo impacto ambiental y que pueden aportar beneficios a la población residente». Sobre todo, porque eso supondría «cumplir con los propósitos de las propias declaraciones de los Parques».
Por otra parte, la Federación recuerda que «se va a cazar en Monfragüe» debido a que «las altas tasas de población de ungulados están poniendo en serio peligro la riqueza vegetal de estos espacios; la proliferación de enfermedades por superpoblación, el aumento de los accidentes de tráfico y un sinfín de problemas asociados a una deficiente gestión cinegética, harán que sea imprescindible cazar».
La gran cuestión que se plantea entonces es «si serán los agentes del medio natural, funcionarios de las administraciones autonómicas, a costa del erario público, los que maten a los ciervos y jabalíes que invaden el Parque, dejando miles de kilos de carne silvestre para comida de buitres, muy cotizada en mercados nacionales e internacionales, o por el contrario serán cazadores y cazadoras, que bajo unas razonables normas de gestión cinegéticas y previo un desembolso económico, que repercutirá en el tejido empresarial de la zona, acudan desde diferentes puntos de España y del mundo para practicar su afición y aporten su parte al mantenimiento del equilibrio natural de los Parques y a la fijación de población».
Finalmente, los plenos municipales de estos ocho ayuntamientos han aprobado una declaración institucional en apoyo a la iniciativa promovida por la Federación Extremeña de Caza, para la modificación de la ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales.
