El anuncio de la Generalitat y la Diputación de Valencia llega en un momento en el que muchos pequeños municipios siguen mirando con preocupación la conocida como ley animalista. La norma, fija obligaciones que en la práctica resultan inasumibles para pueblos donde el médico de familia solo acude una vez por semana y que, sin embargo, deberán garantizar un servicio de urgencias veterinarias las 24 horas del día.
La línea de subvenciones presentada este diciembre, dotada con un millón de euros, busca aliviar esa carga. Está destinada a localidades con menos de 20.000 habitantes y pretende cubrir inversiones básicas que exige la citada legislación. No se trata de grandes infraestructuras, sino de materiales que, a juicio de veterinarios y técnicos municipales, se han vuelto imprescindibles tras la entrada en vigor de la ley nacional.
El director general de Medio Natural y Animal, Luis Gomis, defendió que el objetivo es «facilitar la adquisición de material básico para atender las obligaciones establecidas en la normativa nacional y aliviar la carga económica que soportan los ayuntamientos con menos recursos». Recordó además que se trata de una «necesidad real detectada» y que la ley «no vino acompañada de una previsión financiera que permitiera a los municipios asumirlas».
El diputado provincial Avelino Mascarell incidió en esa idea al explicar que la ayuda «nace de escuchar a los pueblos» y responde a la realidad de unos ayuntamientos donde la carga administrativa «puede ser imposible, desesperante y lenta».
Un marco legal que dispara las obligaciones
El artículo 22 de la ley estatal obliga a todos los ayuntamientos, sin excepción, a contar con un servicio de urgencia para la recogida de animales extraviados y atención veterinaria 24 horas. El contraste con la realidad sanitaria de miles de municipios rurales sigue causando malestar: hay localidades sin consultorio médico permanente que deberán sufragar, en cambio, un sistema de atención continua para animales abandonados.
Esa obligación abre, además, la puerta a la privatización del servicio, ya que la ley permite delegarlo en entidades externas, incluidas organizaciones animalistas que ya gestionan contratos millonarios en otras comunidades.
En el mundo rural, donde la falta de consenso ha sido uno de los reproches constantes a la tramitación de la ley, el desajuste entre recursos disponibles y nuevas cargas continúa siendo un motivo de tensión.
Qué cubren las ayudas aprobadas en Valencia
La convocatoria financia jaulas trampa, transportines, redes de captura, casetas-comederos para colonias felinas, lectores de microchip, bozales, correas y otros elementos que los técnicos consideran indispensables para cumplir la normativa. Los ayuntamientos recibirán el 85% del importe al concederse la ayuda y el 15% restante al justificar la inversión.
El plazo para solicitarla es de un mes desde su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. Una vez concedida, los municipios tendrán seis meses para ejecutar las actuaciones y dos meses más para justificar los gastos con facturas, fotografías y memorias.
Gomis subrayó que la línea es compatible con otras subvenciones y permite a los consistorios adquirir el material sin adelantar fondos propios. «Hoy damos un paso importante de colaboración institucional y apoyo a quienes más lo necesitan», señaló.
Al mismo tiempo, la Generalitat insiste en que continuará revisando la normativa junto a veterinarios, biólogos y agentes del territorio, mientras los pueblos siguen pendientes de la tramitación estatal de una ley que les exige servicios que ellos mismos no tienen garantizados.
