El Consejo de Gobierno de Castilla y León ha aprobado este jueves la ampliación del Acuerdo 34/2025 con el objetivo de dar una respuesta más amplia a las zonas devastadas por los incendios forestales registrados durante el verano. La decisión busca equilibrar la recuperación ambiental, la reactivación económica y la continuidad de la actividad cinegética en los territorios más afectados.
La medida se adopta tras una evaluación más detallada de los daños materiales, sociales y ambientales ocasionados en numerosos municipios rurales, que han visto alterada tanto su economía como el equilibrio de sus montes y reservas naturales. Con esta ampliación, la Junta responde a las demandas locales y adapta su programación inicial de actuaciones.
La prioridad, según recalca el Gobierno autonómico, es que la población afectada cuente con un marco de apoyo sólido que permita restaurar los espacios naturales dañados y sostener la actividad en el medio rural, en muchos casos ligada directamente a la gestión cinegética.
Nuevas líneas de apoyo económico
El acuerdo incorpora dos nuevas líneas específicas. Por un lado, se destinan ayudas a ayuntamientos y entidades locales menores de la Reserva Regional de Caza de Riaño para compensar la pérdida de ingresos derivados de los derechos de caza, que quedarán interrumpidos debido a la extensión de los incendios.
Por otro, se establece un apoyo directo a los cotos de caza que hayan perdido más del 50 % de su superficie. El objetivo es cubrir los gastos derivados del pago de las tasas de matrícula correspondientes a la temporada 2025-2026, un alivio para las sociedades de cazadores que verán mermada su capacidad de gestión en los próximos meses.
Recuperación ambiental y socioeconómica
La Junta subraya que la estrategia aprobada pretende garantizar una respuesta integral, que no se limite a una mera compensación económica. La finalidad es conjugar la restauración ambiental de los montes calcinados con la recuperación social y económica de los pueblos afectados, muchos de los cuales dependen de la caza como fuente de ingresos y como motor de actividad rural.
Desde la Administración autonómica insisten en que el compromiso es mantener un equilibrio entre la protección de la biodiversidad y la reactivación de los territorios, asegurando que las medidas aprobadas sirvan como impulso real para la vida en los municipios que han sufrido las consecuencias de los incendios.
