Hace tan solo unos días, en Jara y Sedal nos hicimos eco de la inesperada tensión que había empezado a rodear a la campaña de recogida de aceituna en Castilla-La Mancha y, por lo tanto, a los agricultores de la región. Respecto a ello, este medio ya informó de que las inspecciones de trabajo habían comenzado a imponer multas para aquellos profesionales del mundo rural que no contasen con retretes portátiles en sus fincas.
Tal circunstancia se justificó bajo la necesidad de garantizar la privacidad de los trabajadores temporeros y la de los propios agricultores. Por lo tanto, las sanciones que impusieron los inspectores de trabajo provocaron el profundo malestar de este sector agrícola golpeado por una delicada situación ante la caída de los precios de la aceituna en origen.
Ese descenso, además, entra en contraste con el elevado precio al que los consumidores pagan el aceite de oliva en los supermercados, lo que da lugar a una frustración aún mayor. En dicho contexto, los agricultores de la región han considerado que esa obligación de instalar aseos portátiles en sus fincas se trata de una carga adicional más que en ningún caso está justificada para muchos de ellos.
Multas de hasta 40.000 euros a los agricultores
Asimismo, en redes sociales está circulando una denuncia por la que varios agricultores de la región estaban teniendo que enfrentarse a multas de hasta 40.000 euros por el hecho de no contar con un baño en el campo.
Respecto a toda esta situación, la asociación agraria Unión de Uniones de Castilla-La Mancha ha manifestado que esas sanciones se deben a la «inexistencia de servicios para cagar y mear en el campo». De igual modo, han ido más allá evidenciando lo absurdo de este asunto.
Dos inspectoras de trabajo, a las que han bautizado como la ‘brigada dodotis’, «deben tener la perturbadora idea de que el campesino es incapaz de ir tras un olivar o un matorral cualquiera a cumplir con la llamada de la naturaleza», han expuesto en tono irónico.
Ante todas estas denuncias del sector agrícola, destacando esa en las redes sociales a la que hemos hecho referencia, la Inspección de Trabajo ha decidido suspender controles y, tal y como han apuntado fuentes de la asociación agraria a Libre Mercado, han archivado los expedientes.
Inspectores de trabajo comienzan a sancionar a agricultores por no llevar retretes portátiles al campo
La legislación sobre la obligatoriedad de tener váter en el campo
Respecto a todo este problema, los agricultores se han referido, como motivo, a un «exceso de celo» de las dos inspectoras «novatas» que han aplicado «con extrema dureza» la ley de Prevención de Riesgos Laborales, la cual obliga a los empleadores a asegurar condiciones de trabajo seguras y saludables a sus empleados «en cualquier entorno».
En cambio, si echamos un vistazo al Real Decreto 486/1997 sobre seguridad y salud en los lugares de trabajo, su texto indica que la obligación de contar con baños o vestuarios no se aplica en «los campos de cultivo, bosques y otros terrenos que formen parte de una empresa o centro de trabajo agrícola o forestal pero que estén situados fuera de la zona edificada de los mismos».
Se trata de una puntualización realmente importante porque esas obligaciones mínimas, en cuanto a seguridad y salud laboral, puedes ser muy diferentes en función de si el trabajo se hace en una instalación fija o en terrenos abiertos, como es el caso de los campos de olivos.