El plan de control del lobo en Asturias tiene un nuevo defensor en los tribunales. Fundación Artemisan ha anunciado este 5 de octubre su personación en el procedimiento abierto ante el Tribunal Superior de Justicia del Principado, donde dos organizaciones ecologistas han recurrido las actuaciones previstas y solicitan que su aplicación quede suspendida hasta que se dicte sentencia.
La entidad interviene junto a Unión Rural Asturiana (URA), la Asociación de Agricultores y Ganaderos (GANAGRI) y otras organizaciones en apoyo del sector ganadero. Su objetivo es evitar una paralización cautelar de los controles que, según advierte, podría prolongarse durante meses o incluso años mientras se resuelve el litigio.
Una fianza de 1.910.000 euros si se suspenden los controles
El recurso ha sido presentado por la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica y Ecoloxistes n’Aición d’Asturies. Frente a su petición de suspensión, Artemisan ha aportado un informe pericial que, según explica en su comunicado, respalda la necesidad y la justificación de las medidas de control previstas.
Además de oponerse a esa medida cautelar, la fundación ha formulado una petición económica concreta. Si la Sala acuerda suspender el plan, solicita que las asociaciones demandantes deban prestar una fianza de 1.910.000 euros, importe que vincula a su estimación de los daños que provocaría la paralización sobre la ganadería, los animales domésticos y las especies cinegéticas.
El estado de la población y los daños al ganado, claves de su defensa
Entre los argumentos presentados, Artemisan sostiene que la población de lobo en Asturias se encuentra en un estado de conservación favorable. Sobre esa base, defiende que existen fundamentos para aplicar medidas de gestión y considera justificado el cupo de ejemplares autorizado en el plan.
La fundación relaciona esas actuaciones con los daños que el sector ganadero viene denunciando desde hace años. Según señala, los ataques generan dificultades económicas en numerosas explotaciones, algunas al límite de su viabilidad, y agravan los problemas de abandono de la actividad y despoblación rural. Su defensa también incluye las consecuencias sobre los animales domésticos y determinadas especies de fauna silvestre. Por ello, reclama que las decisiones se apoyen en criterios científicos, informes técnicos y datos sobre las poblaciones, los daños registrados y las necesidades del territorio.
Las indemnizaciones no compensan todos los perjuicios
Artemisan insiste en que las medidas preventivas aplicadas hasta ahora no están resultando suficientes, de acuerdo con lo que sostiene el sector ganadero. También advierte de que las indemnizaciones no compensan adecuadamente las pérdidas económicas, los perjuicios acumulados y el desgaste que soportan los profesionales afectados.
La entidad asegura que continuará defendiendo una gestión del lobo compatible con la biodiversidad y la actividad ganadera. Para la fundación, conservar la fauna y mantener la ganadería extensiva son objetivos que deben formar parte de una misma estrategia para sostener la actividad económica y la población en el medio rural.
