La expansión descontrolada del conejo (Oryctolagus cuniculus) un punto de no retorno en muchas zonas de España. Así lo expresa La Unión de Agricultores y Ganaderos de Castilla-La Mancha en un contundente documento técnico en el que denuncian los daños agrarios, medioambientales y económicos que está provocando la especie, y exigen a las administraciones un plan integral y urgente.
Según afirman, las medidas excepcionales adoptadas hasta ahora —incluida la declaración de zonas de emergencia cinegética— no han logrado frenar la plaga. La elevada tasa reproductiva del conejo, unida a su capacidad de encontrar refugio en taludes, infraestructuras ferroviarias, carreteras y fincas abandonadas, ha hecho que el problema se agrave año tras año.
El uso de fosfuro de aluminio
Entre las propuestas más llamativas del plan figura la aplicación de fumigantes químicos, concretamente fosfuro de aluminio, un compuesto altamente tóxico que se introduce directamente en las madrigueras activas. En contacto con la humedad del suelo o el aire, el producto libera gas fosfina, un agente letal para los conejos que se refugian bajo tierra y lo respiran.
Este tipo de actuación, que en condiciones normales está restringida por su peligrosidad, solo puede aplicarse bajo estricta supervisión técnica y con protocolos de seguridad rigurosos, tanto para evitar efectos colaterales sobre otras especies como para garantizar la seguridad de los operarios. Los promotores del plan exigen que se habilite su uso controlado, justificándolo como una medida de último recurso en zonas críticas.
Caza nocturna y visores térmicos: lo prohibido se pone sobre la mesa
Otra de las propuestas más llamativas es la autorización de la caza nocturna con visores térmicos, una práctica que actualmente está estrictamente prohibida por normativa cinegética en esta especie. El documento sugiere permitir su uso en situaciones de emergencia, argumentando que la actividad del conejo es principalmente nocturna, lo que dificulta su control mediante métodos tradicionales.
Los autores del texto sostienen que, con un marco legal claro y condiciones controladas, la caza selectiva nocturna podría ser clave para reducir poblaciones en momentos críticos, siempre contando con equipos especializados y autorizaciones individualizadas.
Destrucción de madrigueras, hurones y redes, y cambios de hábitat
Junto a estas medidas excepcionales, el plan incluye otras acciones más habituales en el control de fauna: caza intensiva diurna, capturas con hurones y redes, eliminación de refugios artificiales como escombreras o taludes mal mantenidos, y la destrucción mecánica de madrigueras en terrenos agrícolas. Todo ello, según los autores, debería coordinarse bajo un mismo paraguas institucional, con un Plan Regional de Control de Conejos liderado por la Junta.
También se propone fomentar la diversificación de cultivos para reducir el atractivo de ciertas zonas agrícolas, e incluso instalar vallados metálicos con base enterrada y repelentes químicos en parcelas especialmente vulnerables.
Señalan a las infraestructuras públicas como parte del problema
El documento también dedica un apartado a reclamar responsabilidades a los gestores de infraestructuras: carreteras, ferrocarriles, canales y taludes que, mal mantenidos, se han convertido en auténticos santuarios para el conejo, al ofrecer refugio y protección frente a depredadores y cazadores.
En este sentido, exige que entidades como ADIF, Confederaciones Hidrográficas, diputaciones y ayuntamientos actúen de forma coordinada para limpiar, sellar y mantener estos espacios, evitando que se conviertan en puntos de expansión de la especie.
Compensaciones, valorización comercial y campañas de consumo
Finalmente, el plan contempla medidas complementarias para revalorizar el control cinegético y compensar las pérdidas sufridas por los agricultores. Se plantea la comercialización de las piezas capturadas, la creación de agrupaciones de cotos, y campañas para promover el consumo de conejo de monte como producto local, saludable y sostenible.
Además, se pide que las zonas más castigadas sean declaradas zonas catastróficas, y que se habilite un presupuesto específico para reparar daños, prevenir nuevos brotes y compensar los perjuicios económicos acumulados durante los últimos años.
