Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil investigaron a siete personas como presuntas autoras de un delito contra el patrimonio histórico y de «daños agravados» por imprudencia grave tras detectarse un grave deterioro en un yacimiento arqueológico situado junto a la histórica Vía de la Plata, en la provincia de Cáceres.
Los hechos se conocieron después de que un agente del Medio Natural de la Junta de Extremadura alertara sobre una posible destrucción de restos arqueológicos en una finca del término municipal de Casas de Don Antonio, dentro de un tramo de la Vía de la Plata declarado Bien de Interés Cultural (BIC).
La investigación se inició el pasado año, a instancias de la Fiscalía Provincial de Cáceres, que solicitó la intervención del Seprona para comprobar si se habían producido daños en la servidumbre arqueológica del enclave.
Movimientos de tierra en un enclave protegido
Tras desplazarse al lugar, los agentes realizaron una inspección técnico-ocular y confirmaron que se habían ejecutado trabajos de remoción, nivelación y subsolación con maquinaria pesada.
Según la Guardia Civil, el objetivo habría sido cambiar el uso agrícola de la parcela para destinarla a un olivar en régimen superintensivo, pero las actuaciones afectaron directamente a la zona protegida.
En el terreno se localizaron zanjas y excavaciones de considerable profundidad. El área dañada abarcó unos 25.356 metros cuadrados, con una gran dispersión de materiales arqueológicos.
Entre los restos documentados figuraron fragmentos cerámicos, ruedas de molino, bases de prensa, sillares, tejas y grandes vasijas de almacenamiento de tipología romana, elementos que quedaron alterados por el paso de la maquinaria.
Daños irreversibles y un cauce modificado
El informe policial recogió que los trabajos fraccionaron y descontextualizaron gran parte del material arqueológico, lo que implicó una destrucción parcial de la estratigrafía y una pérdida irreversible de información histórica.
Además, se detectó la alteración del cauce natural del Arroyo de las Zorreras, con una modificación de más de 500 metros de su trazado original, afectando al dominio público hidráulico.
La Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural de la Junta de Extremadura elaboró un informe que señaló varias infracciones graves: los trabajos se realizaron sin autorización administrativa, sin supervisión arqueológica y sin comunicar los hallazgos, como obliga la ley.
El documento concluyó que la metodología empleada fue inadecuada y que las actuaciones provocaron daños de gran magnitud, valorados en más de seis millones de euros, cifra que incluyó tanto el valor patrimonial como el coste potencial de restauración.
Siete investigados y posibles penas de prisión
El Seprona identificó a siete personas presuntamente implicadas en los trabajos y remitió las diligencias al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Cáceres. Los investigados se enfrentaron a un delito contra el patrimonio histórico y otro de daños agravados por imprudencia grave.
El artículo 323 del Código Penal estableció que los daños causados en yacimientos arqueológicos legalmente protegidos podían castigarse con penas de prisión de seis meses a tres años, además de multas económicas considerables, un escenario agravado por la condición de BIC de la Vía de la Plata. La finca afectada permanece bajo paralización cautelar y no se descarta que se realicen nuevas prospecciones para concretar el alcance real de la destrucción.
