La lucha de los agricultores andaluces ha dado un primer paso hacia la justicia. Tras meses de protestas y denuncias, un juzgado de Andújar ha decidido admitir a trámite la demanda presentada por 100 agricultores que se enfrentan a la tala de 100.000 olivos para dar paso a una planta fotovoltaica. Esta decisión judicial supone un rayo de esperanza para los trabajadores del campo que defienden sus tierras, las cuales han cultivado durante generaciones.
La movilización del mundo rural
Todo comenzó cuando agricultores de Jaén y Córdoba se organizaron bajo el lema ‘Renovables sí, pero no así’. La instalación de megaplantas solares implicaba la expropiación forzosa de sus terrenos y la destrucción de miles de olivos, su principal fuente de sustento. Esta situación encendió las alarmas en las comunidades rurales, que comenzaron a alzar la voz en defensa de su patrimonio agrícola y medioambiental.
Los afectados interpusieron el pasado 28 de enero una denuncia contra los responsables políticos y las empresas promotoras de los proyectos, alegando posibles delitos de prevaricación ambiental y daños a la flora y fauna. La denuncia se dirige, entre otros, a la Delegación de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, así como a las empresas Greenalia y FRV Arroyadas.
La justicia da un primer paso
El juzgado de Andújar ha decidido investigar los hechos denunciados, abriendo diligencias para esclarecer si hubo irregularidades en las autorizaciones de los proyectos. Desde la Plataforma Campiña Norte contra las Megaplantas Solares explican que, mientras dure la instrucción, los ayuntamientos de Lopera y Arjona deberían abstenerse de otorgar nuevas licencias de obra.
Además, advierten que, si los consistorios ignoraran la investigación judicial y continuaran concediendo permisos, podrían incurrir en prevaricación y asumir responsabilidad penal y civil por los daños ocasionados. Por ello, la plataforma enviará comunicados oficiales a los ayuntamientos para exigir la paralización inmediata de cualquier actividad relacionada con las plantas solares.
Actividad sin autorizaciones
A pesar de la investigación judicial, los agricultores denuncian que las empresas involucradas siguen trabajando en la zona sin contar con los permisos municipales necesarios. Según afirman, las compañías han realizado ensayos y movimientos de maquinaria pesada que han dañado terrenos colindantes no incluidos en los proyectos. Estos hechos ya han sido denunciados ante la Guardia Civil.
El tiempo se agota para los 100 agricultores que verán cómo talan sus 100.000 olivos
La situación se complica aún más con la presentación, el pasado 26 de febrero, de un borrador del Plan Especial Paisajístico elaborado por la empresa Lambsur. Este documento busca regular el uso del suelo para las plantas fotovoltaicas, pero los agricultores consideran que, con los nuevos acontecimientos, los ayuntamientos deberían denegar todos los permisos de obra.
La esperanza del campo
Este primer avance judicial ha dado a los agricultores la fuerza necesaria para seguir luchando. Saben que el camino aún es largo, pero confían en que la justicia pondrá freno a unos proyectos que consideran devastadores para el entorno rural. La admisión a trámite de la denuncia es, para ellos, una victoria moral y un reconocimiento a su resistencia.
Mientras esperan la resolución del caso, los trabajadores del campo continúan defendiendo sus olivos, convencidos de que las energías renovables son necesarias, pero no a costa de destruir sus tierras. En su opinión, es posible avanzar hacia un futuro más sostenible sin sacrificar el legado agrícola que ha definido la historia y la economía de Andalucía durante siglos.
