En plena resaca del 28M, Pedro Sánchez ha sorprendido al país. El presidente del Gobierno ha anunciado la decisión de adelantar las elecciones generales para el próximo 23 de julio ante el sólido éxito del PP en muchas partes del territorio de España. Esta fecha significa que el mandato nacional podría cambiar de mano antes de que la ley animalista entre en vigor en septiembre.
«Asumo en primera persona los resultados y creo necesario convocar», ha expuesto en una comparecencia extraordinaria tras la derrota electoral de su partido en los comicios autonómicos y municipales. Ante esto, Sánchez ha comunicado al rey la convocatoria de un Consejo de Ministros extraordinario y la disolución de las Cortes. Dicho adelante electoral se publicará en el BOE de este martes, 30 de mayo.
El PP hunde al PSOE en el 28M
El resultado de las urnas ha convertido en realidad la derrota de los socialistas ante los populares. En concreto, el PP ha arrebatado al PSOE buena parte de las comunidades autónomas en las que gobernaba hasta el pasado domingo.
Tan solo existe la excepción de Asturias y Castilla-La Mancha. En esta última, Emiliano García-Page ha firmado la única mayoría absoluta que el PSOE ha vivido en la jornada electoral. En el otro lado de la moneda está la Comunidad Valenciana, Aragón, Extremadura, Baleares, Canarias y La Rioja, donde el poder ha cambiado de lado.
Asimismo, los populares gobernarán en la Comunidad de Madrid y en otras importantes ciudades del país, como son Zaragoza, Sevilla, Valencia, Málaga, Cádiz y Granada, entre algunas otras. Sin lugar a dudas, esto se puede entender como el principio de un cambio en el Gobierno español.
La ley animalista no entra en vigor hasta septiembre
El sorprendente anuncio hace que se nos vengan a la mente muchos escenarios que podrían cambiar en el territorio español. Uno de ellos es la reciente Ley de Bienestar Animal que el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó el pasado 16 de marzo en contra de una mayoría social que protestó contra ella en las calles, pero que no entrará en vigor hasta el 29 de septiembre.
Es algo que ha generado, y sigue generando, una gran polémica entre ciertos colectivos del país. Por este motivo, el posible nuevo Gobierno podría tener dicho asunto entre sus principales preocupaciones. En este sentido, Santiago Ballesteros, abogado y autor de libros como Delitos de maltrato animal en España: aspectos prácticos, ha explicado al equipo de Jara y Sedal qué puede pasar a partir de julio con esta controvertida ley.
«Hay que tener en cuenta el principio de conservación de las normas que se encuentra ligado al principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE)», introduce. Tal y como ha aseverado, las leyes solo pueden ser derogadas por otras leyes. Esto viene reflejado en el apartado 2 del artículo 2 del Código Civil, el cual establece que «las leyes solo se derogan por otras posteriores. La derogación tendrá el alcance que expresamente se disponga y se extenderá siempre a todo aquello que en la ley nueva, sobre la misma materia, sea incompatible con la anterior. Por la simple derogación de una ley no recobran vigencia las que esta hubiere derogado».
También es importante destacar que «la norma jurídica derogada sigue siendo aplicada a aquellos casos aún no resueltos que surgieron con anterioridad a la derogación. La nueva ley derogatoria, por lo tanto, se aplicará a la resolución de los nuevos casos», puntualiza Ballesteros.
En estos términos versa el el apartado 3 del artículo 2 del Código Civil, en el que se dispone que «las leyes no tendrán efecto retroactivo si no dispusieren lo contrario».
Otras derogaciones normativas por cambio de Gobierno
Santiago Ballesteros, además, cuenta que esto es algo que España ya ha vivido en varias ocasiones a lo largo de su historia reciente. Cuando José Luis Zapatero llegó al Gobierno, derogó el Plan Hidrólogo Nacional (PHN), una aspiración histórica que costó años aprobar. El Pleno del Congreso de los Diputados fue quien aprobó esta modificación, que «contenía la derogación, entre otros, del trasvase del Ebro», detalla.
«La decisión la tomó el Consejo de Ministros en junio de 2004. Aprobó un Decreto-Ley de un único artículo que dejaba sin efecto otros nueve del PHN. Zapatero había ganado las elecciones de marzo del mismo año», recuerda el abogado.
En el caso de las normas animalistas, si el PP ganara las elecciones generales, «tendría que derogar y/o modificar no solo la Ley administrativa de los animales», explica Ballesteros. «Debería actuar de forma urgente sobre la disparatada reforma del delito de maltrato animal que ya está en vigor desde abril. Es auténtica basura legislativa, una chapuza a la altura de la contestada “Ley del sí es sí” o la “Ley de la Vivienda”».
Por último, hay que tener en cuenta un matiz. Al hablar de la derogación de las normas penales y las sanciones administrativas, al reo siempre se le aplica la ley más favorable a él. Por lo tanto, «aquí sí que hay una retroactividad de la Ley penal», concluye Ballesteros.
