La abogada zamorana Pilar Martínez, especializada en Medio Ambiente, ha asegurado que la prohibición de la caza del lobo podría ser nula ya que incumple principios básicos. Según detalla a Zamora 24 horas, la letrada, con más de treinta años de experiencia en derecho medioambiental, sostiene que la Orden TED/2021, del 20 de septiembre, vulnera los principios de proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, participación y audiencia en su elaboración.
A estos incumplimientos, Pilar Martínez añade que no puede sostenerse, como dice la propia orden, que «no contiene ninguna carga administrativa y no supondrá el incremento de los recursos humanos y económicos disponibles por la Administración General del Estado», tal y como figura en la exposición de los motivos de esta norma, que mantiene al lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen Especial de Protección, con modificación de las poblaciones.
Según sigue exponiendo el citado medio, Pilar Martínez Abogados explica que, precisamente, estos principios que retóricamente dice cumplir la orden, son los que no cumple y constituyen causa de su nulidad, «como ha ocurrido con otras muchas de este tipo que, cuando se estudian sus expedientes de elaboración, se constata lo desproporcionado de la misma, la falta de estudios científicos y técnicos rigurosos que avalen la necesidad y eficacia de las medidas que propone; la ausencia de justificación de verdaderos procesos de participación de los intereses afectados en la elaboración, como exige el derecho medioambiental, así como la inexistencia de mapas rigurosos sobre presencia de la especie a proteger y, muy especialmente, la falta de memoria económica».
Sin memoria económica
La letrada incide especialmente en la falta de memoria económica y aprobación de partidas presupuestarias para hacer frente, compensar o indemnizar a quienes, con motivo de su entrada en vigor, se ven privados y limitados en sus derechos legítimos previamente consolidados «en un espectro mucho más amplio que los daños provocados por los animales, que tienen obligación de compensar», indica.
Una de las graves consecuencias que tiene esta norma estatal es que altera las competencias atribuidas a las CCAA en materia de gestión medioambiental. Así, por ejemplo en Castilla y León, donde se contabiliza en torno a 180 manadas de lobo ibérico y se conoce con detalle la incidencia y necesidades de actuación, dado que correspondía hasta ahora a la administración autonómica su gestión, queda sometida a lo que disponga esta orden, de aplicación a todo el estado español.
«Si bien no puede aplaudirse la gestión realizada hasta el momento por las comunidades autónomas, dada la proliferación de lobos con que nos encontramos, los importantes perjuicios causados por esta especie en las zonas rurales y la falta de respuestas rápidas y eficaces, frente a las afecciones, daños y perjuicios que se sufren por esta causa, alejar el centro de decisión de los diferentes aspectos de la gestión de la especie, sin duda, va a contribuir a ralentizar procedimientos y a tomar decisiones sin conocimiento de las realidades, que se producen de forma diferente y con distinta incidencia en cada Comunidad Autónoma», incide la letrada.
Marta García, tras el blindaje del lobo: «Teresa Ribera quiere terminar con todo lo que huele a pueblo»
La prohibición de la caza del lobo en todo el país fue publicada hace una semana en el Boletín Oficial del Estado y entró en vigor el pasado miércoles. Este hecho ha provocado que miles de personas dependientes de la ganadería y del mundo rural exploten por la medida, y una de esas voces que se han alzado es la de Marta García, diputada por Ciudadanos en el Parlamento de Cantabria.
García, en una intervención este lunes, tachó la prohibición de «la mayor traición al medio rural de Cantabria y de España apoyada por organizaciones gubernamentales a las que no les importa la conservación del lobo y la biodiversidad, sino mantener sus chiringuitos; son lobos con piel de oveja». El PSOE «blinda el estatus del lobo para hacerlo intocable sin un censo actualizado de la especie», denunciaba la diputada.
